"¿Tener otro hijo? Depende de Israel"

"¿Tener otro hijo? Depende de Israel". Rami Yazbak es un palestino nacido en Yenín en 1964 que estudió cinco años en Alabama (Estados Unidos), y después en Granada y Londres antes de instalarse definitivamente en 1990 en Ramala, en la Cisjordania ocupada. O eso planeaba él, que sería para siempre. Porque ahora duda de si no es mejor abandonarlo todo. Desde mayo, el Gobierno israelí prohíbe volver a Ramala a su esposa, la valenciana Narimán Oman Alayan Rodríguez, de 30 años. Las autoridades hebreas no permiten la reunificación familiar del matrimonio y su hija, Salma, también española y a punto de cumplir tres años.

Narimán aguarda con la pequeña en Ammán (Jordania), con todos sus documentos en regla, pero sin esperanza. Son sólo un ejemplo de las 72.000 familias palestinas a las que se impide vivir juntos. No en Israel, donde la reunificación fue prohibida totalmente unos meses atrás, sino en los propios territorios ocupados. El Gobierno de Ehud Olmert ha endurecido el régimen de concesión de permisos de estancia y residencia hasta cotas desconocidas, y eso que el listón ya era alto.

Israel no permite a la esposa y la hija de Rami entrar en Cisjordania desde el pasado mayo

Nunca fue sencillo para Rami y Narimán. Desde que se casaron en enero de 2000, la mujer tenía que viajar a Ammán cada tres meses. Así, a la vuelta a Ramala, a través del puente Allenby -que cruza el río Jordán y es la única salida al exterior de Cisjordania-, le sellaban el pasaporte por el plazo de un trimestre. El pasado 7 de mayo cruzó por última vez. Narimán había viajado a Jordania, donde reside su familia, una semana antes, y regresaba a su casa. Llegó al control fronterizo y la retuvieron junto a Salma tres horas hasta que le devolvieron el pasaporte con el sello de "entrada denegada".

"No me cogía el teléfono y enseguida supe que algo pasaba. Mi esposa enseñó todos sus papeles. Nunca ha violado ni por un día el visado de turista para permanecer en Cisjordania. Hasta entonces nunca había oído de un caso similar. Durante tres días pensé que se trataba de un simple error. Pero después comencé a escuchar muchos casos similares", relata Rami en su vivienda de Ramala, llena de cerámica española y de fotografías de su esposa e hija.

Casi el 20% de los palestinos cuenta con algún pariente en primer grado excluido del registro civil. La organización no gubernamental (ONG) pacifista israelí Betselem ha cifrado en más de 72.000 personas -40.000 de ellas con pasaportes extranjeros- y sus familias a los afectados por la arbitrariedad de los Gobiernos hebreos. Tras la erupción de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, Israel comenzó a rechazar las peticiones de reunificación familiar. Ya desde 1967, cuando el Ejército se apoderó de Cisjordania y Gaza, miles de palestinos quedaron al margen del censo que elaboró la Administración ocupante. Muchos fueron deportados, a otros les pilló la guerra de los Seis Días en el extranjero, decenas de miles se convirtieron en refugiados, los niños nacidos de padres palestinos también fueron excluidos y desde 2002 está paralizado el registro de los menores entre 5 y 16 años. Si desean el retorno a su tierra, sólo les queda el camino de la reunificación familiar, concedida a cuentagotas y tras el calvario de costosos e interminables trámites que se prolongan durante años. Ahora no es posible este camino, tampoco para los extranjeros casados con palestinos.

Rami ha removido Roma con Santiago. "Me presenté en las oficinas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y me dijeron que nada podían hacer. Fui a Beit El, donde se halla el cuartel general del Ejército y de las autoridades israelíes en Cisjordania. Llevaba toda la documentación. Narimán es española, mi hija también. Todo está en orden. Después de esperar muchas horas, me tiraron los papeles a la cara, me echaron y me dijeron que volviera en dos semanas", cuenta este licenciado en Informática mostrando un expediente de documentos que ha estudiado hasta el mínimo detalle.

Perseveró en el laberinto burocrático, aunque alberga la sensación de que se trataba de una tomadura de pelo. "Acudí a la Oficina de Inmigración de Extranjeros israelí y me enviaron a la Oficina de Coordinación del Distrito" -una dependencia en la que se coordinan el Gobierno israelí y la ANP-. "Pero estaba cerrada porque la cooperación con la Autoridad Palestina estaba suspendida desde la llegada de Hamás al Gobierno. Era una trampa. Ya no puedo presentarme en más oficinas".

Y recurrió al Consulado español en Jerusalén, que le envió un mensaje escrito en el que asegura que las autoridades españolas están al tanto de su problema. Nada más. Rami tiene poca confianza en que el Ministerio de Exteriores español pueda lograr algo. "Es inaceptable. En Bruselas también se está tratando el asunto y, por extraño que parezca, por hallarse Israel en medio, hay unanimidad", comenta un diplomático europeo destinado en Tel Aviv.

Incluso Washington elevó una protesta formal ante el Gobierno israelí porque a miles de estadounidenses de origen palestino se les veta la entrada en Cisjordania y Gaza. "¡Están tratándonos como si fuéramos árabes!", clamó indignado ante la discriminación un alto funcionario de la Administración de George W. Bush citado por la cadena CNN. "Sé que algunos casos de norteamericanos se han resuelto", afirma Rami. Condoleezza Rice se interesó por varias personas. Son generalmente empresarios pudientes y bien conectados que invierten en Cisjordania. "Sólo hay un motivo por el que nos hacen esto, nuestro origen palestino", asevera Rami.

"Me siento totalmente impotente", comenta Narimán desde Ammán. "Más que nada", agrega, "por mi hija, que está separada de su padre y comienza a darse cuenta de todo". Lo paradójico es que con su pasaporte español, Narimán sí podría viajar a Tel Aviv. ¿Qué razones de seguridad pueden esgrimirse en supuestos como éste? Decenas de miles de personas se encuentran en una situación kafkiana. Indocumentados en su propia tierra porque sus permisos de visita han expirado y se niegan a abandonar Cisjordania, porque saben que podrán volver, o no. Un limbo jurídico que afecta en gran medida a técnicos, empresarios, profesores y profesionales bien formados y que hace pensar a muchos en la emigración. Porque los milicianos no se van a ir.