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Nacionalistas y PSE rechazan eliminar el peaje de la A-8 por las obras

Las Juntas vizcaínas aducen que supondría el colapso de la autopista

Los nacionalistas y el PSE rechazaron ayer aprobar la gratuidad en el tramo vizcaíno de la A-8 mientras duren las obras para su ampliación porque generaría un "colapso total". La propuesta del PP que debatió el pleno de las Juntas Generales de Vizcaya, que sólo fue apoyada por EB, pedía la eliminación del peaje por la falta de seguridad y las quejas de los usuarios. "Generaría graves perjuicios" a los conductores, sostuvo el PNV.

El cobro del peaje en la A-8 a su paso por Vizcaya volvió a ser motivo de debate político y de nuevo por iniciativa del PP, que, merced a una denuncia presentada en 2003, consiguió que el Tribunal Superior vasco anulase en febrero pasado la norma que regula el canon porque se destinaba a financiar otras carreteras. El asunto está pendiente de la resolución del Supremo. Los populares, que matizaron ayer que su propuesta no tiene relación "con las otras batallas del peaje", explicaron que el servicio ofrecido a los conductores en la autopista "queda degradado" por las obras de ampliación, iniciadas hace dos años para habilitar terceros carriles con una inversión de 165 millones.

Su portavoz, Jesús Isasi, expuso que la decena de reclamaciones al mes se ha elevado hasta las 60 y que el número de accidentes, "prácticamente nulos" antes del inicio de los trabajos, se ha disparado a cerca de 30 mensuales.

Ana Reka, del PNV, calificó la iniciativa de "demagógica" y advirtió de que la eliminación del cobro supondría el "colapso total" de la autopista. "Saturaría la vía y agravaría con creces la situación", generando "graves perjuicios a los usuarios", destacó. "Déme un dato de por qué mejora el servicio de la autopista sin el peaje", espetó a Isasi la portavoz peneuvista.

Jesús María Doistua, de EA, coincidió en que la gratuidad llevaría consigo una congestión "incluso sin obras". "Nos quedaríamos sin el nivel de servicio aconsejable", resumió. El socialista Josu Montalbán calificó de un sinsentido establecer una relación entre la seguridad y la cuantía del peaje. "Su propuesta aumentaría la congestión de la A-8", añadió, para criticar la apertura de un debate que, a su juicio, "sólo sirve para quedar bien ante los ciudadanos".

El pleno de las Juntas Generales rechazó también otra propuesta del PP que defendía potenciar el reagrupamiento familiar de los inmigrantes menores de 14 años que acuden a Vizcaya e incluso reclamaba la puesta en marca de un centro de acogida en Marruecos, país del que procede la mayoría de los más de 300 niños atendidos actualmente en el territorio vizcaíno. La popular Nerea Llanos explicó que su pretensión principal era abrir el debate y adoptar medidas "para que estén donde se encuentra mejor, que es con sus familias. De lo que se trata es de aplicar medidas [para lograr este objetivo]".

Propuesta inoportuna

El PP no logró el respaldo de ningún grupo en este asunto. Los cuatro partidos restantes coincidieron en la inoportunidad de la propuesta, que rompía el pacto de que los asuntos sobre menores se traten en foros cerrados. "Destinar recursos para una residencia de acogida en Marruecos es contraproducente", opinó José Ferrera, de EB, quien cuestionó el reagrupamiento: "Estos menores vienen inducidos por sus familias".

Txemi Tejedor, de EA, calificó de "curiosa" la propuesta al argumentar que el PP no tomó ninguna iniciativa cuando ocupaba el Gobierno central. Montalbán insistió en el que el reagrupamiento debe realizarse "con todas las garantías porque el tutelaje posterior es imposible" y la peneuvista Nerea Ahedo recordó que cuando ha habido casos de reagrupamiento "los menores han vuelto" y pidió soluciones globales "y no localistas".

Multas a las lonjas

El Ayuntamiento de Bilbao anunció ayer que multará a los dueños de lonjas que se utilizan como vivienda y que será especialmente "duro" con quienes se lucran "perjudicando a la gente", afirmó la concejal de Urbanismo, Julia Madrazo. El consistorio ha ordenado la retirada de la publicidad de cuatro inmobiliarias que ofrecían estos locales para residir, pese a que carecen del permiso de habitabilidad. La edil afirmó que estas empresas han quitado los carteles.

Madrazo anunció que de los cinco casos denunciados sólo está ocupado uno de los locales, donde viven dos personas. En dos de ellos ya se han impuesto sanciones económicas a sus propietarios, por importe de 80.000 y 60.000 euros respectivamente.

A su juicio, no se pueden definir como "lonjas patera", el término acuñado por el PP al denunciar estos casos, porque no existe hacinamiento y "no responde a la realidad de los hechos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de noviembre de 2006

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