Señal de alerta en la sanidad pública

El Sistema Nacional de Salud, nuestro sistema sanitario público, responsable de ofrecer atención sanitaria al 98% de la población española, emite preocupantes señales de alarma. Los resultados de las encuestas advierten que los españoles empiezan a dar la espalda a la sanidad pública. Para apreciar el verdadero significado de este incipiente problema, basta analizar cómo ha evolucionado en la última década la actitud de los españoles hacia los servicios sanitarios de la red pública.

Si tomamos como referencia cómo valora el español la Atención Primaria, donde se resuelve el 85% de los problemas de salud, se observa una evolución más o menos estable, con una puntuación de siete sobre diez en el periodo comprendido entre el año 1995 y el 2004 (Barómetro Sanitario del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006). Son datos que transmiten estabilidad y cierta complacencia, pero la cosa cambia cuando se pregunta por el tipo de centro, público o privado, al que acudirían en caso de enfermedad: mientras que en 1995, un 85% de los españoles no dudaría en ser atendido en un centro público, en 2003 ese porcentaje baja muy significativamente hasta un 65% y desciende el 60% al año siguiente. El cambio es especialmente llamativo entre los años 2004 y 2006; en ese intervalo casi se quintuplica el número de españoles que optarían antes por ser atendidos en un centro privado, pasando del 7% al 33%.

Hay riesgo de que se quiebre la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública

Estos datos aportan información que pone claramente de relieve que atravesamos una situación de alerta: corremos un riesgo serio de que se esté empezando a quebrar la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública. La situación aún es más preocupante si el análisis de los datos se realiza según la edad de los encuestados. En el grupo de edad más joven, la desconfianza parece dispararse: casi la mitad (43%) de los que tienen entre 20 y 39 años se muestra partidario de ser atendido en un centro privado.

La pregunta parece obvia: ¿está nuestro sistema sanitario público en condiciones de responder a los problemas de salud que nos plantea el nuevo siglo? A esta cuestión habría que añadir otra igualmente lógica: ¿son la organización y los recursos que se asignan a la Atención Primaria suficientes para atender a las necesidades y demandas de los ciudadanos?

Estas señales no son las primeras. Hace más de un lustro, los profesionales sanitarios ya empezamos a avisar de que era patente un progresivo deterioro en el primer nivel asistencial. Advertencia que huelga decir que cayó en saco roto. Durante la década de los noventa y el comienzo de este siglo, hemos sido testigos del claro desinterés por parte de los responsables políticos por mantener, desarrollar y mejorar la sanidad pública de nuestro país. Signo inequívoco de dicho desinterés es la evolución del gasto público destinado a la sanidad durante este periodo: entre 1992 y 2002 se pasó del 5,8% al 5,4% del PIB.

El crecimiento del gasto sanitario privado creció del 1,6% al 2,2%. Los dos últimos años analizados (2002-2004) el gasto público empeoró aún más si cabe: del 71,7% se bajó al 70,9%. A estas cifras hay que añadir que en el año 2003 el gasto público destinado a la Atención Primaria representaba el 14,2%, mientras que un 53,68% se invertía en la atención hospitalaria. Una de las consecuencias de esta baja inversión en la Atención Primaria es que en el primer nivel asistencial no se llegaba a los 29.000 médicos, mientras que 55.000 profesionales trabajaban en el resto del sistema sanitario. Estas cifras contrastan con la situación de los países que cuentan con una Atención Primaria fuerte, como son los países nórdicos o Canadá, que mantienen una plantilla que supera el 45% del total de los profesionales médicos.

En estos últimos años, los responsables de la sanidad española han mostrado su indiferencia ante estas advertencias y, como mucho, han incluido en los programas electorales algunos "gestos de complicidad". Gestos que no ocultan la escasa preocupación que les inspira la situación real de nuestra sanidad. Si exceptuamos las listas de espera, el gasto en medicamentos y el episodio de Leganés, la sanidad apenas ha sido motivo de preocupación política y mucho menos ha formado parte de las agendas políticas. A toro pasado, ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada hace un año para tratar sobre financiación sanitaria fue un mero trámite para enjugar demoras y pagos pendientes.

El resultado de todo esto a la vista está y no podía ser otro: nuestro sistema sanitario público atraviesa un periodo de claro estancamiento. Prima un modelo de salud que da prioridad a la urgencia y a la curación, escatima recursos para programas preventivos y para el cuidado y seguimiento del enfermo. Esta situación "empuja" a los ciudadanos a buscar servicios sanitarios alternativos, con financiación privada. Aunque es difícil adelantar las tendencias para los próximos años, estos datos ya nos alertan del riesgo de erosión que sufre el modelo integral de sistema sanitario y de la amenaza que existe sobre la equidad e igualdad en la atención a la salud.

Nos encontramos ante un distanciamiento progresivo de la sanidad pública de aquellos ciudadanos con mayor capacidad para "comprar" servicios sanitarios privados, que son precisamente los grupos de población más jóvenes, más sanos y, probablemente, con mayor poder adquisitivo. Una amenaza que de hacerse realidad conllevaría un retorno al pasado, con consiguiente riesgo de transformar la sanidad pública en una sanidad de "beneficencia" destinada a las personas con menor poder adquisitivo. Para intentar corregir esta desviación progresiva parece imprescindible un impulso que se concrete en mayor inversión a la sanidad pública y en un sistema sanitario orientado hacia un fortalecimiento de la Atención Primaria.

Luis Aguilera es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).