Cientos de profesores salen a la calle en Barcelona contra la violencia escolar

Los episodios de violencia en escuelas e institutos sacaron ayer a la calle a varios centenares de profesores en Barcelona. "Somos docentes, queremos respeto y reconocimiento", se leía en una pancarta". "Ejerced de padres y no de víctimas de ellos", decía otra. La concentración sacó a la plaza de Sant Jaume de Barcelona a unos 700 docentes. Los convocantes piden medidas a la Administración para atajar la violencia en las aulas: procesos sancionadores ágiles, más poder para las direcciones y planes sociales dedicados a las familias para mejorar la convivencia en los centros y prevenir las agresiones.

Los problemas en los centros, tanto entre alumnos como los que afectan a profesores, no se limitan a Cataluña. Se han producido protestas en algunos institutos andaluces y esta semana ha habido protestas en Extremadura. También en la Junta de Castilla y León se ha expedientado a tres menores que presuntamente habrían agredido a un compañero de un instituto de Ponferrada.

Desde el ámbito de la justicia también se buscan formas de afrontar la violencia en colegios e institutos. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está dispuesta a calificar las agresiones a docentes como "atentados" a funcionarios por lo que se juzgará, si el caso lo requiere, por la vía penal y no como falta, según trasladó ayer a la Federación andaluza de Enseñanza de CC OO el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, informa Europa Press.

"Me cogió por el cuello"

La convocatoria de ayer en Barcelona la hizo la escuela Eduard Marquina, tres de cuyos trabajadores -la directora, la jefa de estudios y un conserje- fueron agredidos por la familia de un alumno. Glória Zaragoza, la jefa de estudios agredida, recordaba que el padre de un alumno "me cogió por el cuello mientras la madre jaleaba: 'Mátala, mátala'".

Pero los profesores piden medidas ya. "Hay que agilizar el proceso para aplicar las sanciones. Es demasiado largo, aunque tiene que seguir dando garantías al alumno y a las familias", dice Carles Mata, profesor de lengua catalana, que dirige el instituto Salvador Espriu, de Barcelona y preside la Asociación de AXIA, de directivos de centros escolares. Mata añade: "Para las conductas graves, el expediente a un alumno dura un mes. Los padres del alumno pueden luego reclamar la revisión del caso al consejo escolar. Luego hay un plazo de 30 días para presentarlo a los servicios territoriales de la Generalitat para ver si se puede revisar. Y a partir de ese momento no hay plazo para contestar".Isidro Cabello, otro docente, que lleva 30 años dando clase de lengua castellana, dice que a menudo, ha tenido "que expulsar de clase". "En mi centro", añade, "en tercero de ESO hay 210 expulsiones este curso; en segundo 150; en primero, 110 y en cuarto, 15. Y unos cuantos alumnos acumulan varias expulsiones". "He recibido insultos personales en clase. Y no puedo dejarlos pasar. Si me entero les suelo decir que si no aceptan la relación profesor-alumno que piensen si a un trabajador se le puede insultar en el trabajo".

"No es tan grave"

El director de instituto Joan Corominas, de Barcelona, Javier Marsá, relata que "hace pocos días una alumna de 12 años le dijo a una profesora del centro: vete a tomar por culo." Hace 10 años esto nadie se atrevía a decirlo", afirma.

Aunque este profesor reconoce que los problemas de convivencia y violencia en los centros han crecido, afirma que "se está magnificando la situación. No digo que no ocurra, pero la situación no es tan grave como pueda parecer. Se necesita paciencia y mucha mano para actuar. El problema muchas veces es que los padres no existen. Si les explicas la situación de sus hijos en el centro, te contestan: ¿"Qué puede hacer usted? Y les tienes que contestar que puedes ayudar, pero no se puede hacer nada si su hijo no viene a clase por la mañana".

El Ministerio de Educación transmitió ayer su solidaridad con los profesores agredidos y explicaron que se está actuando en todos los ámbitos para prevenir y sancionar los comportamientos violentos, que, "aunque minoritarios, son inadmisibles, máxime cuando se trata del ámbito escolar".