El Consell pide una prórroga para la cubierta provisional del patio gótico de la Generalitat

La solicitud de la licencia de obras relativa a la cubierta de cristal del patio gótico del Palau de la Generalitat, que se montó prescindiendo del preceptivo permiso municipal, fue rechazada en numerosas ocasiones tanto por parte del arquitecto municipal como por parte de la comisión consistorial de patrimonio en 2003. Los informes calificaron entonces la citada estructura de elemento "impropio" y su colocación de "indebida" en un edificio que posee el nivel de máxima protección. Con el objetivo de obtener la autorización municipal, la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo pidió una licencia provisional. El Ayuntamiento de Valencia aceptó las condiciones y autorizó la cubierta "sin derecho a indemnización alguna cuando venza el plazo de tres años, contados desde la expedición del correspondiente documento de la licencia". La próxima semana se cumplen tres años, por lo que la dirección general ha solicitado recientemente la prórroga de la licencia concedida porque entiende que esta estaba condicionada al Plan Director del Monumento, que fue presentado el pasado 4 de agosto. En este documento se señala que la actuación "se entiende adecuada como solución temporal, mientras se mantenga el uso singular del edificio y, por tanto, se necesite desarrollar en el conjunto del patio la actividad y el uso al que el inmueble se destina actualmente".

El concejal socialista, Juan Soto, señaló que el plan director no puede pasar por encima de su catalogación como edificio monumental, lo que implica una serie de medidas para asegurar su protección. Además, Soto recordó que en el año 2004 la fiscalía emitió una resolución en la que se advertía de que "la mutación de la licencia, una vez transcurrido el plazo establecido, cualquiera que fuese el contenido del plan director del edificio, convertiría la alteración del edificio protegido en grave, con lo cual se darían los presupuestos de imputación de delito -recogidos en el artículo 321 del Código Penal- procediéndose a su persecución de oficio".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Jorge Bellver, acusó a Soto de utilizar los dictámenes técnicos a su conveniencia en vez de "para defender el patrimonio de todos los valencianos". Bellver, sin embargo, no adelantó información sobre la posible concesión de la prórroga.