Vivir y convivir

El pasado día 24 de octubre coincidieron en EL PAÍS dos artículos, que básicamente convenían en criticar el programa electoral de CiU en inmigración, firmados por Joan Subirats y Josep Ramoneda respectivamente, mucho más consistente el primero que el segundo, que se limita a desgranar los clásicos tópicos de la izquierda bienpensante. Como sea que en el de Subirats se nos alude personalmente, además de que plantea distintos e interesantes interrogantes, parece conveniente que hagamos un repaso al conjunto de políticas públicas que propone CiU en esta candente cuestión.

En primer lugar, hay que señalar que el programa de CiU incorpora un conjunto de propuestas distintas a la que ha merecido, lógicamente, la atención prioritaria de los medios de comunicación, y que la suma de todas ellas da coherencia e identidad al proyecto que sometemos a la consideración de la ciudadanía.

En materia de inmigración hay que ahondar en las propuestas, entrar a fondo en el debate y no simplificar de forma maniquea

Entre las que tienen como objetivo dificultar la inmigración irregular y abrir puertas que faciliten la legal, significamos la necesidad de orientarnos, progresivamente pero de forma decidida, hacia la contratación en origen, para lo que la Generalitat debe disponer de una red de oficinas de selección, contratación y formación en los países de los que proceden los principales flujos inmigratorios. Mientras las personas que desean o necesitan emigrar esperan su oferta de trabajo, puede procederse a realizar un breve periodo de formación laboral, social y cultural, también en origen, que facilite el primer acceso.

Asimismo, hay que adecuar las demandas reales del mercado de trabajo a las previsiones que el Gobierno hace de las necesidades de mano de obra extranjera. La disparidad actual no hace más que favorecer la inmigración irregular al cerrar las puertas a la contratación regular.

Es indispensable, igualmente, un mayor control de las fronteras y que la Unión Europea se implique plenamente en esta vigilancia. Nuestra propuesta incorpora la colaboración de los Mossos d'Esquadra en la vigilancia de los puestos fronterizos que hay en Cataluña y, por supuesto, la lucha contra las organizaciones mafiosas que trafican con seres humanos, como prioridad absoluta en la órbita policial. El incremento de los inspectores de trabajo y la sanción a los empresarios que vulneren las normas sobre contratación de extranjeros cierran este primer eje, basado en que una buena parte de la inmigración irregular no existiría si no hubiese en paralelo un mercado de trabajo irregular.

En cuanto a los procesos de integración, deben ser múltiples y diversos, incrementando la inversión social para evitar el efecto exclusión de los autóctonos y, en cualquier caso, por la convicción de la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar. La formación se configura como otro de los pilares básicos de este proceso: profesional, cultural, escolar, lingüística, etcétera, que facilite lo que se denomina el "ascensor social", que puede ayudar a evitar que se consolide un modelo de exclusión social como el francés.

Información, diálogo y conocimiento mutuo son indispensables aunque, como sucede con la cooperación para el desarrollo, sus efectos son perceptibles sobre todo a medio y largo plazo.

En cuanto al debatido contrato de derechos y deberes, parte en todo caso del principio de voluntariedad. Cataluña es una nación sin Estado que no dispone, por tanto, de los mecanismos cohesionadores propios de esta institución jurídica. Nuestra propuesta, que encaja plenamente con el entramado jurídico actual, propone que los conceptos de enraizamiento que recogen la Ley de Extranjería y el propio Código Civil, y que determinan la agrupación familiar, la obtención de la nacionalidad española y, posiblemente, la obtención de la residencia permanente, se objetiven a partir de la acreditación de determinados indicadores: contratación en origen, participación social, conocimiento de las lenguas y la cultura, etcétera. Que además ésta integración pueda significar el poderse acoger a determinados beneficios adicionales no hace sino operar sobre un objetivo final deseable.

Hablamos de una propuesta que responde a la misma preocupación expresada en las últimas semanas por los laboristas británicos de Blair: reforzar el sentimiento de identidad compartida para hacer frente a las desigualdades sociales, encontrar el equilibrio entre la diversidad cultural y la integración social de las comunidades musulmanas, defender los valores comunes de la sociedad británica. Planteamientos que se extienden por otros Estados miembros de la Unión Europea y que incorporan la preocupación por el conocimiento del alemán, el holandés, el danés o el sueco, convencidos de que el fracaso escolar, las mayores tasas de paro y la exclusión social de las personas inmigradas, o de sus hijos y nietos, tienen que ver también con el poco conocimiento del idioma de sus sociedades de acogida.

Se trata de decidir cómo queremos vivir juntas personas con orígenes distintos y no fomentar la separación entre comunidades obligando a las personas inmigradas y sus familias a vivir exclusiva y permanentemente en sus identidades originarias.

No simplifiquemos de manera maniquea las propuestas de los partidos en materia de inmigración. Nuestra sociedad no lo merece. Ahondemos en las propuestas y entremos a fondo en el debate que la sociedad catalana esta reclamando en materia migratoria desde hace tiempo. El discurso autocomplaciente ya no sirve.

Estamos convencidos de que Josep Ramoneda y Joan Subirats desean con nosotros no convertir Cataluña en una confederación de etnias y religiones.

Carles Campuzano es diputado en el Congreso por CiU y Àngel Miret es secretario de Inmigración y Cooperación de CDC.