"La restauración se logra con la demolición de las casas ilegales"

En la provincia de Jaén, según un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se han realizado desde enero de 2005 un total de 121 intervenciones por viviendas ilegales, siendo la provincia andaluza con mayor número de detenidos e imputados (172) por este motivo. Buena parte de los procedimientos se han incoado en zonas rurales de la provincia y también en parajes protegidos. El fiscal de Medio Ambiente de Jaén, Juan Ignacio Fernández, asegura que en Jaén no es que haya más delitos contra el medio ambiente que en otras provincias - "esto no es Marbella", subraya-, pero sí es de los sitios donde más están saliendo a la luz las irregularidades urbanísticas.

"La Junta debería asumir competencias del suelo rústico para limitar los abusos"

"A los particulares les sale más barato pagar la multa, pero a los ayuntamientos no"

La mayor parte de las diligencias abiertas corresponden a parcelaciones en suelo no urbanizable. Pero, ¿cuál es el modo de operar para intentar burlar la ley? "Lo que se hace", explica el fiscal "es que en una finca dedicada a labores agrícolas o ganaderas, como no se puede parcelar legalmente (no se puede distribuir el terreno en lotes pequeños), se utiliza el sistema de comunidades de bienes o participaciones indivisas en sociedades que se crean para la explotación de esa finca. Y luego después, entre ellos, se reparten por un acuerdo privado el sitio que va a ocupar cada promoción. Ésa es la práctica más generalizada".

El fiscal de la Audiencia de Jaén tiene claro que "la restauración del suelo ocupado por alguna construcción ilegal es lo más importante, y eso sólo se logra con la demolición" de las edificaciones, algo que hasta ahora no ocurre porque apenas hay órdenes de demolición. "No podemos dejar que las construcciones ilegales proliferen", asegura Fernández, tras admitir que, al menos hasta ahora, "a los particulares les salía más barato pagar la multa porque sabían que no se les iba a tirar su vivienda". Para los constructores, en el peor de los casos se les condenaba con una inhabilitación profesional, aunque advierte de que en Jaén ya hay algún promotor que se expone a ir a la cárcel por ser reincidente y haber cometido varios delitos urbanísticos.

Ahora bien, el fiscal jiennense cree que los ayuntamientos sí que deben soportar un coste elevado por las edificaciones fuera del planeamiento urbano. "Construir viviendas en las afueras de la ciudad implica también una serie de servicios (evacuación de aguas residuales, dotar de agua para uso doméstico, viales...) y todo es, además de un coste económico para las arcas municipales, se carga el Medio Ambiente", indica.

Tampoco cree el fiscal que los ayuntamientos deban buscar los beneficios económicos en este tipo de operaciones: "Es una equivocación. Si el urbanismo no se hace de manera programada no es beneficioso porque después van a tener que mantener esos servicios básicos, aparte de las consecuencias medioambientales. Todos tenemos derecho a disfrutar del paisaje que existe tradicionalmente". A su juicio, una buena oportunidad de acometer un planeamiento urbanístico "de manera razonable" es la revisión de los actuales planes de ordenación urbana.

El fiscal se muestra sorprendido por la fiebre constructora que se está dando, principalmente en el cinturón de la capital jiennense: "Eso tiene también sus ciertos riesgos porque puede ocurrir que se carguen el municipio, que lo destrocen", alerta.

Actualmente, la labor de vigilancia o disciplina urbanística le corresponde a los ayuntamientos. Juan Ignacio Fernández, uno de los dos fiscales de Medio Ambiente que hay en la provincia de Jaén, se muestra partidario de que las comunidades autónomas asuman las competencias para las licencias en suelo no urbanizable. De esta manera, subraya el fiscal, "se limitaría la posibilidad de cometer abusos urbanísticos".

Fernández también valora la creación de la Dirección General de Inspección Urbanística dependiente de la Consejería de Obras Públicas, con 20 inspectores. "Va a ser un buen instrumento de vigilancia, fundamentalmente para el suelo no urbanizable", indica, tras admitir que en los últimos años se ha producido un aumento de este tipo de procedimientos, en especial desde la recomendación que hizo el Defensor del Pueblo Andaluz de que se extremara la vigilancia en este campo.

Con todo, el fiscal de Medio Ambiente de Jaén considera que "falta concienciación social de la importancia de la protección del medio ambiente en términos generales y, concretamente, de la ordenación del territorio". Y añade: "Falta también un cambio jurídico, pues igual que en el caso de violencia de género lo primero que se hace cuando se da una situación de maltrato es proteger a la víctima, en el tema de los delitos contra el medio ambiente lo primero que tendría que hacerse también es proteger el interés general. Estamos obligados jurídicamente a cumplir una serie de normas medioambientales".