Vivir en la ilegalidad

La Guardia Civil hizo pública la semana pasada la localización de 3.343 construcciones ilegales en zonas rurales o costeras de Andalucía. Se trata sólo de la punta del iceberg de un grave problema, que, en la mayoría de los casos, se arrastra desde hace décadas. Si en los años setenta y ochenta, surgieron urbanizaciones enteras a espaldas de la ley, hoy lo que proliferan son las viviendas aisladas en mitad del campo o cerca de la playa en suelo no urbanizable. Se trata de viviendas que sobreviven en la ilegalidad y cuyo futuro, según los fiscales, debe ser la demolición.

Esta solución es la que espera a todas aquellas construcciones puestas en pie en espacios protegidos por su valor ecológico, cultural, histórico o patrimonial. Y es que la investigación del Instituto Armado ha puesto al descubierto viviendas en parques naturales como Sierra Nevada, bahía de Cádiz, Los Alcornocales o Doñana. La magnitud de las irregularidades, y el descaro de los promotores, llega en ocasiones a casos extremos, con en Grazalema (Cádiz), donde una empresa modificó el cauce del río Guadalete.

La ineficacia de los ayuntamientos ha sido clave para que este fenómeno haya crecido de forma imparable. Y son ellos los máximos interesados en resolver ahora este problema por el hecho de que están revisando sus planes de ordenación de urbana.

Ninguna de los actores implicados en la resolución del problema (Gobierno, Junta, ayuntamientos o fiscales) se atreve a cuantificar el número de viviendas ilegales que hay en la comunidad, pero lo que es seguro que hay decenas de miles. Sólo en Chiclana, el Ayuntamiento tiene contabilizadas 15.000 viviendas irregulares, a las que se les va a dar una salida en el próximo plan de ordenación. En Córdoba capital, se calcula que hay unas 6.000 viviendas irregulares.

Aunque este fenómeno no tiene nada que ver con la corrupción urbanística a gran escala, lo cierto es que ambos tienen graves consecuencias sobre la ordenación del territorio. Sobre la corrupción urbanística se pronunció ayer en Sevilla el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Heliodoro Gallego, quien defendió el trabajo de la mayoría de los ayuntamientos con el urbanismo. Gallego sostuvo que la lucha contra la corrupción debe ser tomado como un "tema de Estado".