La tentación de lo prohibido

"Legué en 1971 a la Urbanización Las Minas. Cuando compré mi casa este terreno era urbanizable", explica E. G. T., de 83 años y portavoz de la Asociación Larada, una de las nueve entidades vecinales que existen en esta urbanización perteneciente al municipio de Castilblanco de Los Arroyos, situado en la Sierra Norte de Sevilla. Aquí hay 900 viviendas ilegales. En 2005 la Fiscalía investigó la zona y ahora hay más de 50 imputados por construir de forma irregular.

Allí, las calles sin urbanizar, dejan ver un trazado difícil de transitar, sobre todo, de noche, cuando la única luz que ilumina los caminos es la de las estrellas. "Miras al cielo y venir a vivir aquí resulta una tentación. Así que decido correr los riesgos e intento que sea legal", afirma Ana Córdoba, coordinadora de ocho de las nueve asociaciones de Las Minas. Como ella, hay unas 1.200 familias con una casa en alguna de las parcelas de la urbanización. "Muchos somos jubilados", explica Córdoba.

En las 452 hectáreas de la finca, 400 familias viven de manera fija y muchas están censadas en Castilblanco, según los lugareños. Sin embargo, las casas, en días de entresemana, permanecen en su mayoría cerradas; muchas, vigiladas por grandes perros solitarios.

La historia de esta urbanización comenzó a principios de los 70. Según narran los vecinos y corrobora el alcalde, el dueño inicial de la tierra comenzó a vender parcelas de 1.000 y 2.000 metros. La intención del propietario era urbanizar la zona y, para ello, comenzó a trazar calles y a instalar servicios. Poco después, este hombre fue encarcelado y tuvo que vender la finca. "Hasta entonces, había un plan parcial aprobado por el Ministerio de la Vivienda, pero era muy básico y, al final, no se hizo", dice Córdoba. El comprador olvidó las buenas intenciones del primero de construir una barriada -para lo cual tendría que invertir en instalaciones previas- y vendió la tierra como suelo rústico. "Una parcela costaba 50.000 pesetas", recuerda un vecino.

Algunas personas conservan escrituras de la primera venta pero, en los 35 años transcurridos, muchos compradores construyeron su casa sobre suelo forestal de manera ilegal. "Ha habido segundas y terceras ventas", reconoce Ana Córdoba, que adquirió su parcela hace cinco años: "Tengo escrituras de la casa. Quise comprarla de la forma más legal posible".

La mayoría de estas personas no tiene electricidad contratada, sino que la engancha a la red de aquellos que mantienen contratos firmados con Sevillana S. A. cuando aún era legal hacerlo. Todos obtienen el agua de pozos que ahora están legalizando y el alcantarillado lo sustituyen por pozos ciegos y fosas sépticas. Las asociaciones pagan al Ayuntamiento para el servicio de recogida de basuras.

"Cuando llegué hace 20 años, compré el suelo como rústico con la intención de hacer una casa de aperos. Empecé por construir una buhardilla y, al final, acabamos todos con chalés", recuerda Antonio León. "Esta casa es lo único que tenemos", afirma su esposa, María del Carmen Bermúdez.

Los vecinos, agrupados en una entidad común, están de acuerdo en pagar lo necesario para vivir de forma legal. "Hemos contratado a un abogado y buscamos un arquitecto para facilitar el proceso", explica Ana Córdoba. "Sólo queremos legalizar nuestra situación, no especular", afirma otro vecino.

Por su parte, el Ayuntamiento estudia la forma de incluir Las Minas en el próximo plan general de ordenación urbana, cuyo avance está previsto que se apruebe en enero. "Haremos lo que sea posible, dentro de la legalidad, para que la gente no salga perjudicada, pero garantizando que no se construya más", afirma el alcalde (Nueva Izquierda), Manuel Ruiz Lucas, quien asegura que jamás concedió ningún permiso de obra, algo que corroboran los vecinos. No obstante, éstos también sostienen, como demuestran con un documento, que desde hace años pagan al Consistorio una contribución territorial urbana, "algo que debería ser tenido en cuenta para la aprobación", coinciden muchos.