El canal de Panamá pasa por las urnas

El 23 de octubre de 1977, la mayoría de una sospechosa masa electoral (casi el 100% del censo) dio el visto bueno a los Tratados Torrijos-Carter, por los cuales EE UU se comprometía a devolver el 31 de diciembre de 1999 el canal de Panamá al país que le daba el apellido, pero que no lo usufructuaba. Mañana, 29 años después, y con el canal bajo su control, este pequeño país se dispone a ir a las urnas para decidir si amplía esta obra épica, hace la mayor inversión de su historia como república independiente, por valor de unos 4.200 millones de euros, y logra el milagro de ejecutarla sin ampliar su deuda.

El debate, así, no es tanto si ampliar el canal o no (aunque ésa es la pregunta que responderán mañana algo más de dos millones de panameños habilitados para votar), sino qué se hará con los nuevos beneficios generados con una vía ampliada, unos 3.300 millones de dólares anuales para 2025, cómo evitar que la corrupción muerda ese cheque y cómo hacer de esta inversión el motor que saque del pozo al 40% de los panameños que viven en la pobreza.

El presidente Torrijos dice que, con el 'sí', el país se incorporará al primer mundo

El presidente, Martín Torrijos, ha repetido que con el sí Panamá se convertirá en un país del primer mundo. Los partidarios del no responden acusándolo de demagogia, advirtiendo sobre los peligros que tiene una inversión tan fuerte para un país tan chico, y asegurando que este proyecto enriquecerá a los que ya lo son y no significará un cambio en la brecha social y económica, que en Panamá es tan grande como el canal.

Si se hace caso a los últimos sondeos, el sí arrollará con un 79% y el no se conformará con el 21% restante, sin contar votos nulos o en blanco.

El proyecto de ampliación fue elaborado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una especie de segunda república panameña con estatus autónomo, con 9.000 habitantes-empleados, donde todo funciona bajo la herencia de estándares estadounidenses y que se vanagloria de estar libre de enfermedades endémicas del aparato estatal, como la corrupción o la ineficacia.

Desde 1999, la ACP ha invertido unos 34 millones de euros en 104 estudios, y tuvo que esperar una coyuntura favorable para poner en marcha la maquinaria de propaganda, ya que la Constitución, en su artículo 325, consigna la necesidad de llevar a referéndum cualquier modificación del estatus del canal.

El canal une el Atlántico y el Pacífico en un trayecto de 82 kilómetros, y para superar el escalón que hay entre el nivel del mar y el lago Gatún, el mayor tramo del recorrido, se construyeron dos juegos de esclusas, uno en cada extremo, que funcionan a modo de ascensores. En cada esclusa se utilizan 197.000 litros de agua dulce proporcionada por la lluvia que provoca la vasta e hiperprotegida selva que rodea el canal.

Todas las cifras del canal de Panamá son monumentales: entre 13.000 y 14.000 barcos lo transitan cada año, tiene una facturación prevista para 2006 que superará los 1.400 millones de dólares y entregará este año un cheque a las arcas del Estado por valor de 560 millones de dólares, fruto de movilizar unos 290 millones de toneladas de mercancías (un 5% del comercio mundial).

La teoría de la ACP es que si el canal no se amplía, otros aprovecharán el crecimiento del tráfico marítimo comercial. El sistema intermodal que cruza de costa a costa EE UU ya es una dura competencia, y el canal de Suez ya permite el paso de barcos Post-Panamax (que doblan la capacidad de los Panamax, que son los que actualmente pueden pasar por el de Panamá). Pero, además, Nicaragua amenazó hace dos semanas con la construcción de una nueva vía interoceánica (a un costo de 16.000 millones de dólares) y México nunca ha abandonado las pretensiones de imitar el sistema de trenes y carreteras que funciona más al norte.

El otro argumento es el beneficio a medio plazo para el país. El nuevo juego de esclusas comenzaría a dar servicio en 2015 y la ACP asegura que, para ese momento, el impacto en generación de empleos indirectos habrá sido de 40.000 nuevos puestos, y para los siguientes años esa cifra podría subir hasta los 100.000.