Aborto, el medioevo portugués

Portugal aprobó en 1984 una ley del aborto que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo psíquico o físico para la madre antes de las 12 semanas con el consentimiento del médico. Poco después, el Colegio de Médicos se situó fuera de la ley y prohibió a sus afiliados realizar abortos. Dos décadas más tarde, entre 20.000 y 40.000 mujeres cada año se ven forzadas a abortar en la clandestinidad y sólo un millar logra hacerlo legalmente en la sanidad pública.

Las más pudientes visitan las caras clínicas clandestinas (hasta 1.000 euros por intervención). Unas 9.000 mujeres viajan a España cada año. Las de menor poder adquisitivo recurren a unas peligrosas pastillas (Cytotec), o a parteras habilidosas. Cerca de mil acaban en urgencias cada mes por diversas complicaciones. Desde 2002, 40 mujeres han sido condenadas por abortos. Según ha dicho esta semana en Lisboa la diputada socialista danesa Britta Thomsen, Portugal vive una "situación digna de la Edad Media".

Médicos que objetan en la sanidad pública realizan intervenciones en clínicas privadas

A iniciativa del Gobierno socialista de José Sócrates, el Parlamento aprobó ayer la convocatoria de un nuevo referéndum para despenalizar el aborto en las diez primeras semanas. La propuesta será enviada al Presidente de la República, que consultará al Tribunal Constitucional antes de convocarlo, presumiblemente, para finales de enero. El Ejecutivo, que gobierna con mayoría absoluta, quiere que el referéndum acabe con "la llaga del aborto clandestino" que "sitúa a Portugal entre los países más atrasados de Europa".

Aunque la ley vigente es muy similar a la española, la práctica es un infierno para las mujeres. Según el ginecólogo Miguel Oliveira, "los médicos se niegan a firmar el supuesto psicológico apelando a que su código deontológico prohíbe el aborto. Eso, unido al miedo a que los jueces procesen a mujeres y profesionales, ha evitado la normalización".

"La ley de muchos médicos es todavía la misoginia, la doble moral y la hipocresía", afirma Maria José Magalhaes, presidenta de la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta. "Muchos objetan en las clínicas públicas por la mañana y hacen abortos clandestinos en privadas por la tarde. Por eso es tan importante el referéndum. Si se gana, la mujer decide y dará igual lo que digan los médicos". La pregunta será la misma que se planteó en 1988: "¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si se realiza por opción de la mujer en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?". Aquella vez, ganó el sí por un margen estrecho (50,5%) aunque no fue vinculante porque sólo votó un 31% del censo (se requiere el 50%).

Ayer, la votación en el Parlamento reflejó la enrevesada división de opiniones que vive el país. Socialistas, Bloque de Izquierda y los socialdemócratas del PSD votaron a favor; comunistas y verdes en contra (quieren reformar la ley directamente), y los conservadores del CDS/PP se abstuvieron.

Oliveira es pesimista sobre los efectos del referéndum: "Probablemente no será vinculante. Y aunque lo sea, la ley no servirá de nada si no cambia la mentalidad de los ginecólogos". Según los expertos, muchos de los 800 obstetras portugueses siguen poniendo trabas en la sanidad pública incluso a las mujeres que se acogen al supuesto legal de violación (16 semanas) o malformación (24). Ése es el caso de Teresa Sales, que se quedó embarazada después de un tratamiento para la soriasis: "Empezaron a marearme con ecografías y más ecografías, y tuve que oír disparates como que los niños mongoloides son una bendición. Hasta que mi propio médico me dijo que lo que querían era dilatar el proceso para dejarme fuera de plazo".

Desde 2001, un grupo de ginecólogos agrupados en la Asociación Médicos a Escolha lucha contra el poder de la Ordem dos Médicos. Yolanda Hernández, directora de la clínica española Los Arcos, a la que acuden a abortar 4.000 portuguesas al año -lo que supone el 60% de su negocio-, explica que 218 ginecólogos portugueses derivan mujeres a Badajoz y colaboran después en el seguimiento. Los Arcos ya ha iniciado contactos con el ministro de Sanidad luso y el próximo año abrirá una clínica abortiva en el centro de Lisboa. "Abriremos gane o pierda el referéndum", afirma Hernández. La batalla no será fácil. El ginecólogo Oliveira, cree que, aunque el Gobierno gane, "tendrá que privatizar el aborto porque los médicos seguirán negándose a realizarlo".

El ministro de Sanidad, Correia de Campos, ha prometido que el Gobierno hará cumplir la ley. Las excepciones legales serán realizadas "dentro o fuera del Servicio Nacional de Salud", ha dicho Correia, quien cree que el sí pondrá fin "a la persecución judicial" y animará a los médicos a caminar por la senda "de la legalidad y la democracia".

Al director del Colegio de Médicos, Pedro Nunes, no le han gustado esas palabras: "Ya que es tan demócrata, en vez de defender el aborto debería comenzar por repartir anticonceptivos gratis a la población".

Mientras, la Iglesia católica ya ha advertido que guiará a sus feligreses en el referéndum. "No dejaremos de orientar a los fieles con toda claridad. No se trata de una campaña política ni de una cuestión religiosa, sino de una cuestión de conciencia. Ayudaremos a tomar conciencia", ha dicho Carlos Acevedo, portavoz de la Conferencia Episcopal.