Derechos Humanos niega que los menores extranjeros desborden la capacidad de los centros de protección

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a Andalucía tienen entre 14 y 18 años, proceden de Marruecos, vienen de una familia numerosa y arriban con la intención de obtener un trabajo con el que comenzar a ganar rápidamente dinero. Ese es el perfil elaborado por un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que rechaza que los centros de acogida se hayan visto desbordados alguna vez por la atención de estas personas. "En nuestra comunidad apenas se ha superado nunca el millar de menores, cuando hay 4.300 plazas para el sistema de protección y se han cerrado centros", aseguró ayer el presidente del colectivo, Rafael Lara. "No faltan recursos, falta voluntad política", añadió.

Según criticó, los gobiernos de algunas comunidades autónomas han provocado "una alarma injustificada" por hablar de "avalancha" de menores. "Canarias dijo que estaba desbordada porque llegaron 800 menores cuando, al año, recibe 12 millones de personas", lamentó Lara. Del millar de menores acogidos en Andalucía, la asociación se felicitó ayer de que la Junta no haya todavía expulsado a ninguno. En una reciente reunión, la directora general de Infancia y Familia del Gobierno andaluz, Carmen Belinchón, les trasladó que existen 600 expedientes para una reagrupación familiar con garantías.

Lara aplaudió la postura de la Junta de Andalucía de no expulsar sin asegurarse de la protección del menor a su regreso, al contrario de lo que, según denuncia, ha ocurrido en Madrid o en Cataluña. "Allí se les está expulsando de manera ilegal, dejándolos en las calles de Tánger. Sabemos, porque lo hemos estudiado, que el 90% de ellos volverá a intentar el viaje a España", afirmó.

La asociación cuestiona, con todo, el trato dispensado a estos menores en Andalucía. Las pruebas para comprobar la edad, basadas en el estudio de sus huesos, mantiene un margen de error de 22 meses. También se está incumpliendo el período máximo de regularización, establecido en nueve meses. "Hay menores que están esperando dos años. Cumplen la mayoría de edad y entonces se les dice que lo lamentan pero que tienen que irse", explicó ayer la coordinadora del informe Brigitte Espuche. Derechos Humanos se ha sumado a una campaña internacional en contra de una directiva que están elaborando los estados miembros de la Unión Europea sobre los procesos de retorno de los menores extranjeros en situación ilegal. El borrador contempla la posibilidad de "encerrar" y "alejar" a estas personas.