Prejuicio persistente

No entiendo muy bien por qué, pero es un dato fácilmente verificable, que en España se tiende a equiparar Estado políticamente centralizado con Estado fuerte y Estado políticamente descentralizado con Estado débil. Cada vez que se emprende un proceso de descentralización política, empiezan a levantarse voces que pronostican que nos deslizamos por una pendiente peligrosa de debilitamiento del Estado. Ocurrió en el proceso constituyente entre 1977y 1978, volvió a ocurrir tras la celebración del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica el 28 F de 1980 y ha vuelto a ocurrir en el debate sobre las reformas de los estatutos de autonomía para Cataluña y Andalucía este mismo año.

Digo que no entiendo muy bien por qué es así, porque toda la evidencia empírica de que disponemos nos indica lo contrario. El Estado autonómico español construido con base en la Constitución de 1978 es, con mucha diferencia, el Estado más fuerte que hemos tenido en toda nuestra historia. Nunca en toda la historia constitucional de España ha habido una época en la que simultáneamente se hayan ejercido los derechos y se hayan prestado los servicios públicos con la eficacia con que se viene haciendo desde la entrada en vigor de la Constitución. La existencia de las comunidades autónomas no ha debilitado al Estado, sino todo lo contrario.

Es verdad que el número de funcionarios que pertenecen a la Administración del Estado ha disminuido y que se ha visto superado por el número de funcionarios que pertenecen a la Administración de las diecisiete comunidades autónomas y no lo es menos que la financiación de las comunidades autónomas ha tenido que hacerse detrayendo recursos que antes de la existencia de éstas financiaban al Estado centralizado que existía antes de su constitución. Pero no lo es menos que eso no afecta para nada a la fortaleza del Estado.

Ante todo porque las comunidades autónomas también son Estado. El Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho a la educación y tal ejercicio puede satisfacerse por el Ministerio de Educación o por las Consejerías de Educación. Tan estatal es la prestación del servicio en un caso como en otro. Lo único que se puede discutir es si es más eficaz la prestación por el uno o por la otra. Y lo mismo cabe decir de la sanidad, de la cultura, de la agricultura, de las políticas activas de empleo y así sucesivamente. Tras los más de veinte años de ejercicio del derecho a la autonomía no creo que haya nadie en su sano juicio que puede decir que hemos ido para atrás en cualquiera de estos terrenos.

En España, lo que ha funcionado siempre mal ha sido la centralización. El Estado unitario y centralista ha sido siempre un Estado autoritario y represivo, incapaz de gestionar la complejidad de la sociedad española. Es con la descentralización política posibilitada por la Constitución de 1978 con la que hemos conseguido tener un Estado legítimo, muy ampliamente aceptado por la sociedad española de manera espontánea y, como consecuencia de ello, un Estado eficaz.

Por eso vuelvo por donde empecé. No entiendo por qué se mantiene el prejuicio que equipara descentralización política con debilidad del Estado tras la experiencia de estos dos decenios largos de Estado Autonómico y mucho menos que ese prejuicio se exprese por un dirigente político, como Manuel Fraga, que conoció el Estado anterior a 1978 y que ha sido presidente de una comunidad autónoma durante quince años. ¿Cómo es posible que Manuel Fraga haya dicho en Granada lo que ha dicho acerca del riesgo de debilitamiento del Estado como consecuencia de las reformas estatutarias? ¿Tiene alguna duda de qué Galicia y qué España era mejor, si la del régimen del general Franco o la de la democracia constitucional?

No es de la descentralización de lo que tenemos que precavernos, sino de lo contrario. Por eso fue tan preocupante la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar. Ahí si que corrimos el riesgo de deslizarnos por la pendiente regresiva del recorte a la descentralización y el consiguiente autoritarismo.