El interlocutor incómodo

Desaparecida en la Constitución de 1978 toda confesionalidad del Estado, muchos creían lógico que se suprimiese la obligación de impartir enseñanza religiosa confesional en la escuela estatal. Reclamaban, en cambio, una enseñanza de las religiones en todas sus facetas, igual y obligatoria para todos los chicos, independientemente de sus creencias. La tesis era que un niño que ignore la historia del judaísmo, por ejemplo, será incapaz de comprender expresiones como

"eres un Adán" o "esto parece Babel". La religión confesional, concluían, debía ser responsabilidad de cada iglesia o confesión, fuera de las escuelas o, en todo caso, fuera del horario escolar.

Lo cierto es que, pese a la ponderada aconfesionalidad del Estado,

lo que se discute ahora no es el carácter científico de una posible asignatura sobre las religiones, sino si una confesión tiene derecho a enseñar, por su cuenta y con profesores

propios, un específico credo, literalmente como en una catequesis parroquial, pero en el ámbito de la escuela, con dinero público y sólo a un sector de los alumnos, imponiendo al resto una asignatura alternativa, a la misma hora y con igual exigencia académica. Es el caso de la Iglesia católica, como consecuencia de lo pactado en Roma en 1979 entre España y el Estado vaticano. Decenas de miles de docentes de catolicismo cobran del Estado cada año más de 300 millones de euros por esa función.

¿Y las otras religiones? Para mitigar una situación de evidente privilegio, que convierte a España en un Estado confesional católico encubierto, el Gobierno de Felipe González acordó abrir lo pactado con Roma a otras religiones de "notorio arraigo" según el baremo del propio Estado (judíos, protestantes y musulmanes, de momento). Fue en 1992, mediante tres leyes publicadas en el BOE el 12 de noviembre de ese año. Acuerdos posteriores pactaron "la designación y régimen económico de las personas encargadas de la docencia de dichas enseñanzas".

Lo acordado debió integrar en el sistema a cientos de miles de niños musulmanes, judíos o protestantes. No fue así, sobre todo por dejadez política, achacable a los ministerios de Educación o de Justicia (durante los ocho años de Gobierno del PP la dirección general de Asuntos Religiosos estuvo en manos de un miembro del Opus Dei), y a las Comunidades Autónomas con competencia plena en educación, todos ellos incómodos ante el hecho religioso minoritario, sobre todo el islámico, tras décadas de furibundo nacionalcatolicismo.

Lo cierto es que, hoy por hoy, apenas un 1% de los 100.000 hijos de musulmanes residentes en España tienen protegido ese derecho, si quisieran acceder a él. La mayoría de los centros no les ofrece tal posibilidad y, si la solicitaran como se contempla en los acuerdos, no habría profesorado disponible. El Ministerio de Educación, que ahora ni siquiera tiene los datos de la situación, anunció el año pasado que disponía de presupuesto para 20 docentes de islamismo. Hoy se necesitarían al menos 500. Además, el Gobierno exige al menos diez alumnos en cada centro para dotarlo de un docente, "como si el ejercicio de un derecho fundamental tuviera que ver con el número de sus reclamantes", se lamentó ayer el dirigente musulmán cordobés Mansur Escudero.