Rechazar la respiración asistida no es pedir la eutanasia

El caso de Inmaculada Echevarría se parece al de Jorge León, un tetrapléjico de 53 años que murió en mayo pasado ayudado por una mano no identificada que le sedó y le desconectó del respirador que lo hacía vivir. Inmaculada Echeverría también necesita de este aparato para seguir en el mundo. Médicos y juristas coinciden en que, en estos casos, retirar a los pacientes estos artificios no es un supuesto de eutanasia, sino algo que tienen todo el derecho a exigir según lo que dispone la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que señala que, después de ser informado, "todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento".

José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, señala sobre el caso de Granada que la mujer "puede, sin duda ninguna, negarse al tratamiento". "Lo importante aquí es la situación clínica del paciente. Si ella tiene una calidad de vida ínfima, que le genera sufrimientos objetiva y subjetivamente insoportables y pide la opción que le reconoce la ley de rechazar un tratamiento sin el cual no seguiría con vida, no veo cuál puede ser el argumento para negarse a acatar su voluntad".

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez indica que "sería necesario que el legislador aclare esta cuestión, porque puede haber una antinomia entre el Código Penal y la Ley de Autonomía del Paciente. Si un caso así llegara a los tribunales, la solución dependería mucho de juez al que tocara, y esto genera una gran inseguridad jurídica". Afirmó que, a pesar de que la eutanasia es un tema en el que la sociedad está muy dividida, "el Gobierno, que no está sólo para los casos fáciles, tiene que actuar con decisión y no dejarse llevar por lastres religiosos".

"Se podría estudiar"

El presidente del Comité de Deontología de la Organización Médica Colegial, Rogelio Altisent, manifestó que era un caso "que se podría estudiar". La petición de que le inyecten un fármaco que le quite la vida sería una eutanasia, y, por lo tanto, ilegal, dijo Altisent. Pero en cambio la mujer, "si está en posesión de sus facultades", puede "renunciar a un tratamiento como la respiración asistida", dijo el médico. Este derecho también habría sido aplicable al caso de León, opinó Altisent.

La bioética Margarita Iraburu confirmó la opinión de Altisent. "Limitar el esfuerzo terapéutico es legal", dijo la médica, quien se mostró "harta" de tener que explicar en cada caso la diferencia entre una eutanasia (una práctica activa para acabar con la vida) y que una persona quiera renunciar a un tratamiento, aunque como consecuencia se acelere su muerte. "Es una decisión de ella; no de los médicos", afirmó.