El fiscal pide un total de 62 años a 25 acusados de acosar a un alcalde

Tras dos intentos anteriores fallidos, uno en 2005 y otro en 2003, ayer arrancó en un juzgado donostiarra el juicio contra 25 personas acusadas de acosar hace siete años al entonces alcalde de Gaztelu, Juan Aranzabe; a parte de la corporación y a dos abogados para conseguir la readmisión de cinco empleadas de la casa de cultura de dicha localidad guipuzcoana. El fiscal solicita por estos hechos penas que suman 62 años de prisión.

Los hechos enjuiciados ahora en el Juzgado de lo Penal número 5 de San Sebastián se remontan a 1999, cuando las cinco trabajadoras fueron despedidas por decisión municipal. La calificación fiscal señala que, a partir de ese momento, las empleadas y el resto de los acusados, entre los que se encontraban varios ex cargos públicos de Batasuna de la zona de Tolosaldea, actuaron con la intención de "constreñir" la voluntad del alcalde y de los ediles implicados en el despido, miembros de la plataforma independiente Gazteluko Herritarrak, próxima al PNV, así como de los abogados que representaban al consistorio.

El escrito del Ministerio Público agrega que los presuntos actos de acoso se desarrollaron entre el 16 de septiembre de 1999 y el 12 de junio del año siguiente. Entre esos actos cita una concentración frente al domicilio de un edil en la que se lanzaron pasquines que le responsabilizabaN del despido y una manifestación frente a la casa de la abogada Pilar Zubiarrain, ex concejal del PNV en Altzo. También recuerda tres encierros celebrados en el consistorio de Gaztelu con los que los acusados pretendían al parecer obligar al alcalde a dialogar con ellos sobre los despidos.

Textos "informativos"

Durante la primera sesión de la vista oral, celebrada en la mañana de ayer, las cinco empleadas despedidas negaron haber visto o realizado panfletos, pasquines con fotos o teléfonos de los miembros de la corporación o pancartas amenazantes "contra nadie". Es más, declararon que todos los textos que repartieron en Gaztelu y el resto de Tolosaldea fueron "de carácter informativo".

Negaron igualmente haberse manifestado frente al despacho o la casa de Zubiarrain, una abogada a la que dijeron que conocían entonces "de vista", pero que no sabían que trabajaba como asesora del Ayuntamiento de Gaztelu.

Las cinco trabajadoras sí reconocieron que participaron en una caravana de coches de protesta e indicaron que acudieron al consistorio en más de una ocasión, pero para intentar hablar con el alcalde y llegar a un acuerdo laboral. Negaron, sin embargo, haberse encerrado en la casa consistorial.

El representante del sindicato LAB, José María Mujika, negó que en su día advirtiese al entonces alcalde de Gaztelu, Juan Aranzabe, de que el conflicto se "endurecería" si no se mantenían conversaciones para solucionar la situación de las empleadas despedidas. Aseguró que su función se limitó a las labores sindicales y rechazó haber comentado que no se hacía responsable si sucedían "barbaridades" y que sería "normal" que éstas ocurriesen.

El juicio prosiguió por la tarde y está previsto que quede visto para sentencia mañana. La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia, amenazas y coacciones y demanda penas que suman un total de 62 años de cárcel, así como multas que oscilan entre los 4.320 y los 7.200 euros para cada uno de los 25 encausados.