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El Senado de México debate la destitución del gobernador de Oaxaca

Las autoridades tratan de acabar con seis meses de ingobernabilidad

¿Funcionan las instituciones en Oaxaca? ¿Hay ingobernabilidad en este conflictivo Estado mexicano? El Senado de México tenía previsto responder anoche a estas preguntas, antes de dictaminar en sesión plenaria si hay razones suficientes para declarar la "desaparición de poderes" (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en Oaxaca, que implicaría la destitución del gobernador, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Constitución contempla la figura de la desaparición de poderes, que es la exigencia principal de los maestros y de la autodenominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que mantienen en jaque el Estado desde hace más de cuatro meses. El conflicto vive horas decisivas. A pesar de que muchos oaxaqueños consideran que la situación de desgobierno es insoportable y desea la salida de Ulises Ruiz, los representantes de los tres poderes sostienen que no hay ingobernabilidad.

Bulmaro Rito, presidente de la Cámara de Diputados local, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presenta su visión particular de la vida parlamentaria oaxaqueña. "Funciona bien. No con total normalidad, porque vivimos en un contexto de conflicto, pero hemos tenido más resultados de lo esperado".

La sede del Parlamento estatal estuvo "tomada" por la APPO durante un mes. En aquellos tiempos, los diputados se reunían a escondidas en casas particulares y hoteles. Hoy están en receso, porque sus señorías tienen descanso desde el 15 de agosto al 15 de noviembre. "Hemos aprobado leyes muy importantes", asegura el presidente de la Cámara para tratar de demostrar que los parlamentarios no están con los brazos cruzados. Desde la semiclandestinidad han promulgado durante el conflicto "la ley de transparencia, los juicios orales, la reforma política más importante de los últimos 15 años..." El punto más relevante de dicha reforma es prolongar por un año más el mandato de los señores diputados.

A Bulmaro Rito no le gusta la seguridad personal, pero se desplaza con tres guardaespaldas, sobre todo después de que tuviera que salir por piernas del hotel Camino Real al ser detectado por la APPO.

Para Héctor Anuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el poder judicial funciona en Oaxaca con algunas limitaciones, "pero funciona". "Tenemos ciertos impedimentos en los juzgados civiles y penales de la ciudad de Oaxaca, pero no por nuestra culpa". "Nos están impidiendo trabajar, porque han instalado plantones desde principios de agosto". Asegura que hay nueve direcciones administrativas abiertas y que han inaugurado 15 centros de atención judicial en otros tantos municipios. "Impulsamos los juicios orales que fueron aprobados como ley. Hemos sido tomados como referencia en este punto. Realizamos un curso de formación de jueces en justicia de adolescentes".

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El abogado penalista Israel Ochoa tiene una visión distinta. "Hay numerosos casos pendientes que están paralizados. Presos que recurrieron y que podrían estar en libertad, siguen en la cárcel. Igual ocurre en el Derecho civil, mercantil y familiar. Los juzgados de primera instancia están cerrados y muchos trámites de divorcio, pensión alimenticia, o embargos están en suspenso". Ochoa precisa que sólo funcionan algunos juzgados de primera instancia de fuera de la capital. ¿Qué pasa cuando se comete un delito? La víctima denuncia el caso ante la Procuradoría (Fiscalía), - "tengo entendido que funciona", dice el presidente del Tribunal Superior-. Después de investigar el caso, el fiscal tiene que consignarlo al juez más próximo, no de la ciudad de Oaxaca, con los problemas que ello implica.

Al estar la Policía acuartelada, es complicado denunciar un delito. "Haga la prueba", dice el abogado Ochoa. "Llame al 066, el número de emergencias, y diga que están asaltando la casa de su vecino. Una voz le contestará: ahorita no hay quien pueda realizar esta diligencia. Traten los vecinos de resolver". Heliodoro Díaz, secretario general de Gobierno, afirma rotundo: "No hay parálisis del Gobierno. Las funciones sustantivas de la Administración pública están operando en la mayor parte de Oaxaca". Pero la Policía no está en las calles. "A veces hay momentos en que la Policía está acuartelada. No es una señal de debilidad sino de prudencia. Procuramos llevar a cabo los servicios de seguridad sin caer en provocaciones".

Peligra el curso escolar

El lunes venció el plazo dado por el Gobierno federal para que los maestros de Oaxaca reanudaran las clases. Las escuelas públicas siguen cerradas a cal y canto porque la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sigue en sus trece: sin la salida del gobernador, no hay acuerdo. El secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, ha advertido que si los maestros no ponen fin a la huelga que iniciaron el 22 de mayo, los alumnos perderán el curso. "Estamos ya en el límite", dijo el ministro. "Si en una o dos semanas no hay regreso a clases, será imposible reponer el calendario de 200 días escolares que marca la ley".

Unos 5.000 maestros de los 75.000 que hay en Oaxaca no secundaron la huelga desde el principio. Pertenecen al Consejo Central de Lucha (CCL), organización disidente del SNTE. Muchos de ellos imparten clases en domicilios particulares para evitar represalias. El pasado 5 de octubre, Jaime René Calvo, miembro del CCL, fue asesinado.

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