Funcionarios marbellíes revelan al juez que el GIL dio trato de favor a varias constructoras

El cerebro del sistema corrupto que controló el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de 1991 a 2006, Juan Antonio Roca, creó un verdadero catálogo de favores urbanísticos del que supuestamente se beneficiaron promotoras inmobiliarias punteras de Andalucía, entre ellas Aifos, Construcciones Salamanca y Ávila Rojas. Estas compañías, cuyos directivos están imputados en el caso Malaya obtuvieron tramitaciones de urgencia, expedientes aprobados a pesar de graves deficiencias, silencios administrativos favorables o modificaciones de los planes generales para dar validez a excesos de edificabilidad.

Dos letradas de los servicios jurídicos de Urbanismo, Raquel Escobar y María Antonia Castañón, y el arquitecto municipal, Francisco Merino, contaron a agentes del Cuerpo Nacional de Policía cómo las irregularidades administrativas en materia de urbanismo se referían "en un alto porcentaje" a este ramillete de empresas. Sus declaraciones, posteriormente ratificadas ante el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, constan en el tomo 20 del sumario, cuyo secreto fue levantado el pasado lunes.

"Existían expedientes que contaban con el apoyo o el interés de Roca y que se aprobaban incluso con alguna deficiencia, mientras que otros expedientes con las mismas deficiencias eran rechazados", relató a la Policía la testigo Raquel Escobar el pasado 19 de abril. "Me metían prisa para que tramitara urgentemente algunos expedientes y a veces me explicaban que era necesario hacerlo así porque el promotor debía hacer un pago importante al Ayuntamiento (...). Estos expedientes, que al final siempre se acababan aprobando, se referían casi siempre a promotores concretos, entre otros José Ávila Rojas, a través de sus empresas Naviro, Turraza y Turpiana; Construcciones Salamanca, Obarinsa y Aifos".

Un nuevo convenio

Uno de los casos más espectaculares de irregularidad administrativa lo relató la letrada María Antonia Castañón y corresponde al hotel de cinco estrellas Guadalpín, propiedad del grupo Aifos, la tercera empresa malagueña en facturación en 2005. "La edificabilidad del hotel excedía la aprobada en el convenio. Para subsanarlo, [el ex alcalde] Julián Muñoz me pidió que redactara un nuevo convenio sobre lo que ya estaba construido en el que hiciera constar que la obra ya se estaba ejecutando, lo que es una irregularidad".

Los retoques a los documentos llegaban incluso más lejos y afectaron incluso al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, nunca reconocido por la Junta de Andalucía, y que permitía enormes coeficientes de edificabilidad. "Cuando las licencias otorgadas no se ajustaban ni tan siquiera al plan de 1998, lo que la Junta de Gobierno local hacía era modificar el plan general para que la licencia pudiera ser otorgada", contó el arquitecto municipal, Francisco Merino, a los agentes de blanqueo de capitales que lo interrogaron el pasado 10 de mayo. Merino señaló que "los promotores que más convenios firmaban eran Ávila Rojas, Obarinsa, Construcciones Salamanca y Aifos" y reconoció que "las licencias para estas empresas se trataban con más urgencia".

El arquitecto municipal explicó a la Policía otros ardides del Consistorio para saltarse la legalidad urbanística. "En un primer momento, en Urbanismo informábamos exclusivamente sobre si la licencia solicitada se ajustaba al PGOU de 1986. Posteriormente, entre 1993 y 1995, no recuerdo si fue el alcalde [Jesús Gil], Roca o los abogados, nos pedían que dentro del informe incluyéramos otro apartado referente a si la licencia se ajustaba al plan de 1998, en trámite por entonces. Empecé a hacerlo así, y al final el único informe que usaban para otorgar las licencias era la segunda parte del informe, obviando las precisiones sobre el plan del 86".

Según la letrada Castañón, la decisión de otorgar licencias sobre el ilegal PGOU de 1998 "fue una decisión política de Jesús Gil". "Las licencias se otorgaban sin requerir el correspondiente informe jurídico", aseguró la jurista. En cuanto a los convenios urbanísticos que se firmaron de acuerdo a ese PGOU, "la mayor parte de ellos se ejecutaron sin contar con la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía".

Uno de los últimos trucos legales que se sacó de la chistera Juan Antonio Roca para que se cumpliera su voluntad urbanística data del pasado enero, dos meses antes de ser detenido en el caso Malaya. En una ampliación de declaración, la letrada Raquel Escobar contó que Roca le planteó "la posibilidad de considerar como positivo el silencio administrativo en el otorgamiento de licencias, cuando la jurisprudencia mayoritaria confirma que en estos casos el silencio es negativo".

A la hora de calificar el papel de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento de Marbella, la abogada Castañón resulta tajante. "Roca tenía la autoridad moral necesaria para que aunque no tuviera un cargo formal tuviéramos que atender todas sus peticiones".