El urbanismo corrupto salpica a los partidos

A seis meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los grandes partidos, PP y PSOE, sufren un importante deterioro en su imagen pública a cuenta de la gestión urbanística de sus dirigentes locales y autonómicos.

El PSOE obligó ayer mismo a uno de sus alcaldes, el de la localidad madrileña de Ciempozuelos (Madrid), a dimitir ante la sospecha de operaciones urbanísticas irregulares que tienen como origen la recalificación masiva de suelo en ese municipio. Los dirigentes socialistas pidieron explicaciones a Pedro Torrejón, el regidor del municipio, y al encontrar respuestas imprecisas, optaron por exigir que dejara su puesto para evitar un daño mayor al partido. Torrejón aceptó.

Por su parte, el Gobierno madrileño del PP justificó un pelotazo urbanístico que permitió a José Gil de Biedma, tío carnal de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ganar 2,1 millones de euros tras vender unos terrenos por un precio diez veces superior al de compra. El plan de urbanización de esos terrenos fue desbloqueado en contra del criterio de los técnicos, por el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto. Porto vulneró la Ley de Altos Cargos, que le obligaba a inhibirse de asuntos en los que tuviera intereses. En los terrenos que desbloqueó, el ex director general tenía propiedades, que vendió un año y medio después obteniendo multimillonarias plusvalías.

El Gobierno regional justificó ayer el pelotazo del tío de Esperanza Aguirre argumentando que en los seis años que habían pasado entre la compra y la venta se había revalorizado el precio del suelo, igual que se revaloriza el precio de los pisos.

Algunos candidatos principales del PP en las próximas elecciones municipales están siendo investigados en relación con escándalos urbanísticos, pese a lo que el partido sigue manteniéndoles como aspirantes a la reelección. El PSOE en la Comunidad de Madrid ha expulsado del partido ya a dos alcaldes y varios concejales en relación con operaciones urbanísticas sospechosas para evitar un deterioro de la imagen del partido.