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Cientos de jóvenes se organizan para exigir los pisos que ganaron en un sorteo

La Comunidad los incluyó en un reparto de casas en Móstoles aunque incumplían los requisitos

Luis Doncel

Tras la decepción, la organización. Los centenares de menores de 35 años que se creyeron durante unos días agraciados con un piso público piensan plantar batalla. El 27 de septiembre la Comunidad sorteó 779 viviendas de alquiler con derecho a compra en Móstoles y metió en la rifa a 76.000 solicitantes, incluidos los que no cumplían los requisitos del Ayuntamiento: estar empadronados o trabajar en la localidad. Unos 150 afectados se reunieron el domingo en la calle, frente a la oficina de vivienda regional, donde decidieron crear una asociación de afectados y no cejar hasta que les devuelvan unas viviendas que ellos sienten que les han robado. La Comunidad dice que se les incluyó en el sorteo porque no tenían información sobre dónde trabajaban.

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La protesta de los que se han quedado sin casa surgió en Internet

"Esto es un cambalache impresentable. Si no podíamos optar a los pisos, ¿para qué nos metieron en el sorteo?". Pedro Camacho, de 25 años, es uno de los que se acercaron el domingo a la avenida de Asturias, justo enfrente de la Oficina de Vivienda de la Comunidad, para organizar la batalla legal que han puesto en marcha. Planean presentar una reclamación conjunta y otras tantas individuales ante la Comunidad y el Ayuntamiento de Móstoles (210.000 habitantes), ambos gobernados por el PP. Además, a las cinco de la tarde de mañana se concentrarán de nuevo en la avenida de Asturias y se presentarán el jueves ante el pleno del Consistorio mostoleño. En los próximos días buscarán un abogado y redactarán los estatutos de la asociación que piensan crear en defensa de sus intereses.

El director general de Arquitectura y Vivienda, Juan Blasco, apareció en la concentración del domingo para templar los ánimos. "Nos dijo que eligiéramos a cuatro o cinco representantes y que le llamáramos hoy [por ayer] para entrevistarnos. Llevamos todo el día intentando hablar con él, pero es imposible. Lo único que ha hecho es darnos largas", se queja Camacho.

En la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, responsable del Plan de Vivienda Joven, desconocen el número de personas que creyeron durante unas horas haber resuelto sus problemas de vivienda. De los 779 ganadores y 392 suplentes del sorteo, según el Ayuntamiento, sólo 230 están empadronados en Móstoles, por lo que el número de afectados puede superar las 900 personas.

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Fuentes de la consejería restan importancia a las reclamaciones y explican que los que protestan no tienen ningún derecho sobre las viviendas. "Simplemente, no cumplen los requisitos de la convocatoria", sostienen. Pero entonces, ¿por qué los incluyó la Comunidad de Madrid en la lista de participantes en el sorteo? "El Ayuntamiento decidió que pudieran participar no sólo los residentes en Móstoles, sino también los que trabajan allí. Y, como en el momento de la inscripción no disponíamos de la información sobre los lugares de trabajo de los aspirantes, los incluimos a todos", aseguran fuentes de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Por ello, en el bombo donde se decidió quién vivirá en las 779 casas en juego compitieron todos aquellos que, o bien habían especificado que querían un piso en Móstoles, o bien no habían mostrado ninguna preferencia previa. En total, 76.000 candidatos. Al mismo tiempo que niega ningún derecho a los afectados, la Comunidad ya ha anunciado que, "para que no se repita esta situación" piensa cambiar el sistema en próximas convocatorias.

"Me han robado la casa"

Y aquí llega otro de los asuntos que indignan a los que se sienten desposeídos de unas viviendas ganadas en un sorteo oficial. Si entre los que ganaron el sorteo o quedaron suplentes no hay suficientes aspirantes que cumplan los dos requisitos -vivir o trabajar en Móstoles-, el Ayuntamiento repartirá el resto de viviendas entre los mostoleños que entraron en la rifa y no fueron agraciados. Una portavoz del Ayuntamiento recalca que un notario ya avisó el mismo día del sorteo de que se seguiría este sistema para las viviendas que no se cubrieran, pero los damnificados se sienten estafados.

"Primero nos dicen que nos ha tocado un piso que unos cuantos ya habían celebrado comprando un jamón; luego que disponemos de 15 días para demostrar que vivimos en Móstoles y más tarde nos enteramos de que algunos de nuestros pisos se los va a quedar gente que ni siquiera ganó en el sorteo. Los que nos reunimos el domingo sentíamos que nos han robado nuestras casas", cuenta Félix Zapata, otro de los que tuvo suerte sólo por unas horas.

¿Viviendas o cuartel?

Una treintena de jóvenes de la cooperativa Covijo (Cooperativa de Vivienda Joven) realizaron en la tarde de ayer un acto simbólico de construcción de una vivienda pública delante del cuartel militar situado en el número 55 de la calle de Granada, en el distrito de Retiro de la capital, según informó Alfredo Ramos, un portavoz de Covijo.

Los cooperativistas intentaban con este acto reclamar la atención de las administraciones públicas para utilizar el espacio, actualmente abandonado, con el fin de levantar un edificio de viviendas de protección pública en alquiler para jóvenes gestionado por la propia cooperativa. Covijo lleva más de cinco años negociando el levantamiento de estos pisos de protección oficial.

El cuartel, "vacío y en desuso", que pertenece a Renfe, había sido cedido al Ministerio de Defensa hasta que se desmantelaron las instalaciones militares del centro de la ciudad. La acción consistió en la recreación de la fachada de un edificio de viviendas por medio de un mural que desplegaron a lo largo y ancho de la entrada del viejo cuartel castrense.

"No pasará mucho tiempo antes de que los jóvenes de Retiro tengamos que abandonar el lugar que hoy habitamos. No podemos ni alquilar ni comprar y las propuestas que hacemos a la administración para solucionar nuestro problema no son escuchadas", señaló el portavoz.

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Sobre la firma

Luis Doncel
Es jefe de sección de Internacional. Antes fue jefe de sección de Economía y corresponsal en Berlín y Bruselas. Desde 2007 ha cubierto la crisis inmobiliaria y del euro, el rescate a España y los efectos en Alemania de la crisis migratoria de 2015, además de eventos internacionales como tres elecciones alemanas o reuniones del FMI y el BCE.

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