La nueva ley otorga a Nieto un control nunca visto sobre las cinco universidades
Los rectores la califican de "peligrosa", inoportuna ante la nueva LOU y piden su retirada
La sintonía entre el consejero Justo Nieto y la mayoría de los dirigentes universitarios parece haberse roto por completo. Después de la notoria resistencia a su proyecto virtual de la Valencian International University (VIU, como llama el Consell a la Universidad Internacional Valenciana), los rectores califican de "peligrosa" la ley de coordinación del sistema universitario, que está en las Cortes, y cuyo plazo para presentar enmiendas, que terminaba ayer, ha sido ampliado. La nueva norma -y el conjunto del paquete legislativo elaborado por la consejería- concentrará en manos de Nieto un control desconocido sobre las universidades valencianas.
"Se trata", afirma un rector, "de una ley tremendamente reguladora y que no aporta nada a las universidades. Simplemente es una ley normativa de cómo el Gobierno valenciano se ejerce sobre las universidades. Prácticamente cualquier decisión de la universidad, cualquiera, en cualquier campo, tiene que ser sometida al refrendo del Consell". Y otro: "Da a la conselleria toda una serie de atribuciones que son preocupantes. Establece un sistema de premios y castigos según la condescendencia de las universidades. Lo más razonable sería la retirada de todo el paquete legislativo. Sin ningún matiz". Y un tercero: "De alguna manera la hemos dejado pasar porque va en contra de la reforma de la LOU y tendrá que ser rectificada. Pero es una ley muy peligrosa, si pudiera llegar a aplicarse".
¿Algún ejemplo de los nuevos poderes que se atribuye la consejería? Ahí van tres: Cualquier convenio, ayuda, convocatoria o iniciativa administrativa que pretendan llevar a cabo los campus deberá contar con un informe previo de la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia. Eso incluye cualquier acuerdo con el resto de departamentos de la Generalitat, ministerios e instituciones internacionales. "Es puro burocratismo", afirma un rector, "en la peor línea napoleónica". Segundo: el consejero, por razones "estratégicas", puede crear, suprimir, segregar o trasladar la titularidad de un centro o un instituto de investigación de una universidad a otra. Eso fue justamente lo que hizo la Generalitat, en tiempos de Eduardo Zaplana, para crear la Miguel Hernández de Elche. El Tribunal Constitucional consideró posteriormente incorrecta la forma de proceder del Consell, pero optó por el mal menor de dejar las cosas como estaban. "Lo de Elche, ahora, adquiere rango de ley", señala un dirigente académico.
Tercero: En el terreno de los centros adscritos, la consejería solicitará un "informe" a los consejos de gobierno de las universidades en el caso de que se pretenda realizar una adscripción. Pero si la acción consiste en removerlos, la comunidad académica queda reducido al papel de un "convidado de piedra". Hoy, aunque la decisión final corresponde al Consell, la iniciativa es de parte; corresponde a las universidades dentro de lo que se conoce por autonomía universitaria.
En el sistema diseñado por Nieto la consejería y la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) -supuestamente independiente, pero cuyo patronato lo integran en un 80% cargos del Consell- controlarán prácticamente todas las acciones de las universidades. Lo cual resulta especialmente curioso si se tiene en cuenta que el consejero se distinguió, durante sus 19 años al frente de la Universidad Politécnica de Valencia, por sus posicionamientos desreguladores. Es como si Nieto quisiera convertirse en el rector de las cinco universidades.
Los cinco campus públicos, sin excepción, han expresado reticencias a las nuevas leyes universitarias en los últimos meses. Y todos han subrayado la "falta de oportunidad" de las normas, cuya aprobación no coincidirá por poco con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del Gobierno, cuyo proyecto llegó al Congreso de los Diputados a principios del mes pasado. La ley de Nieto y la estatal son contradictorias en varios aspectos, como en lo referido a los consejos sociales. "Eso obligará a que una vez se apruebe la reforma de la LOU esta ley tenga que ser revisada ex novo, lo que habrá supuesto una inmensa pérdida de tiempo", señala un rector. Y uno de sus homólogos: "Estamos en un momento en el que no habría que cambiar nada porque todo va a cambiar. Porque llegan, además, todos los cambios del Espacio Europeo de Educación Superior, que apuesta justamente por desregular. Se hace una ley pensando en el pasado, en vez de en el futuro".
El dibujo completo y la incapacidad del consejero para alcanzar acuerdos con sus antiguos pares puede parecer incoherente. Pero "buscar la coherencia en Nieto a estas alturas", dice un tercer rector, "no tiene mucho sentido".
'Palo' al Gobierno en el preámbulo de la norma
Una de las fijaciones del consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, durante su largo rectorado de la Politécnica de Valencia -duró casi dos décadas- fue la de la integración o al menos el acercamiento de las enseñanzas artísticas al mundo universitario. Una posición contraria a la expresada reiteradamente por otros rectores de la época, como por ejemplo Ramon Lapiedra.
El preámbulo del proyecto de ley de coordinación del sistema universitario enviado por Nieto a las Cortes contiene una rara valoración al respecto, por su tono y por el lugar que ocupa. "Dado que el ordenamiento legal del Estado", se lee en el párrafo, "no prevé por ahora la integración de las enseñanzas artísticas en el ámbito universitario, habiéndose perdido una vez más la oportunidad de dar a este tipo de enseñanzas un necesario y largamente esperado reconocimiento, y dada la voluntad política manifestada tanto por la Generalitat como por Les Corts, la ley recoge las previsiones necesarias para acercar dichas enseñanzas a las universitarias mediante su representación en el nuevo consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior".
El gesto no es intrascendente. Los directores de centros de enseñanzas artísticas, nombrados por la consejería, se sentarán de igual a igual en el consejo con los rectores de las universidades públicas. El órgano, tiene entre sus competencias la proposición de criterios para financiar a las universidades o para la admisión y permanencia de alumnos. Su principal función, sin embargo, consiste en ser informado de las decisiones tomadas por el consejero.
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