Cinco meses para mostrar solvencia

El pasado 15 de mayo, cuatro días después de expulsar a Esquerra Republicana del Ejecutivo catalán, el presidente Pasqual Maragall reunía solemnemente a sus nuevos consejeros para transmitirles sus dos máximos deseos: el primero, que redoblaran sus esfuerzos para que los ciudadanos se percataran de la acción del Gobierno; el segundo, que el ruido y las estridencias que habían venido acompañando al tripartito desde su nacimiento dieran paso, en el bipartito, a la discreción del trabajo riguroso. Todo para llegar a las elecciones del 1 de noviembre con una hoja de servicios, si no impoluta, al menos presentable en cuanto al grado de cumplimiento del Pacto del Tinell.

El objetivo era aprovechar los cinco meses que quedaban hasta las elecciones para aprobar en el Parlament las leyes que ya estaban pactadas de antemano con Esquerra Republicana. Ello debía acompañarse de un Ejecutivo que proyectara la imagen de que podía funcionar viento en popa una vez apeado el enfant terrible republicano.

Pero esta aspiración se ha demostrado un tanto optimista, casi utópica. Si bien el grado de cumplimiento del Pacto del Tinell ha acabado por ser notablemente elevado en cuanto a políticas sociales y relacionadas con la cotidianidad ciudadana, el pronunciado desmarque de Esquerra Republicana, que desde mayo no ha dudado en ejercer como partido de oposición en el Parlament, ha impedido la aprobación de importantes leyes, entre ellas la de la vivienda, uno de los principales activos políticos que pretendía esgrimir la izquierda catalana en las próximas elecciones.

Sin ley de vivienda

Además de la ley de la vivienda, se ha quedado en el limbo de los justos una iniciativa de carácter simbólico, especialmente para Iniciativa per Catalunya: la ley de creación del Memorial Democrático. Tampoco ha llegado a buen puerto el proyecto de ley de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Estos fracasos, sin embargo, no son nada al lado de las dos grandes reformas que ni el tripartito primero ni el bipartito después han logrado llevar adelante:la reforma de la ley electoral catalana y la ley territorial de división de Cataluña en veguerías. Las reticencias en el seno de Esquerra Republicana han impedido que la mayoría de izquierdas en el Parlament llevara adelante dos leyes que venían subrayadas en rojo en el Pacto del Tinell.

Pero los dos partidos actualmente en el Gobierno sí han sido capaces de urdir las mayorías parlamentarias suficientes para aprobar 10 de las 23 que el Parlament tenía pendientes en el momento en que el Ejecutivo quedó en minoría parlamentaria tras la salida de ERC (el PSC e ICV sólo tienen 51 de los 135 diputados del Parlament).

El Ejecutivo logró ver aprobada la modificación de la ley de cajas, elaborada ya en ausencia de ERC, para prolongar los mandatos de los presidentes -lo que permitirá a Ricard Fornesa estar al frente de La Caixa hasta 2009-y remunerar este cargo. La ley también contiene medidas destinadas a relacionar la obra social con los beneficios de las entidades de ahorros, informa Claudi Pérez.

El Gobierno también se las ingenió para aprobar las leyes de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de los Funcionarios, la de Creación de la Agencia Catalana de Servicios a la Juventud, de Prestaciones Económicas y de Asistencia Social, y un refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

Pero todo ello no ha librado al Ejecutivo de tener que oír acusaciones de inoperancia y parálisis provenientes de Convergència i Unió, Esquerra Republicana y el Partido Popular. Para salir al paso de su discreta labor legislativa en los últimos meses, el Gobierno no ha dudado en buscar notoriedad por vías alternativas a la parlamentaria. Por ejemplo, aprobando numerosos planes y proyectos a largo plazo, en algún caso hasta a 20 años, que no debían pasar por el Parlament. Proyectos que, por cierto, la oposición ha prometido enmendar si alcanza algún día el poder.

Plan a 20 años

Seguramente, el ejemplo más clamoroso de esta forma de actuar fue la aprobación del Plan de Infraestructuras del Transporte 2006-2026 en el Consell Executiu del 25 de julio, un plan que sienta las bases para la construcción de las grandes infraestructuras de Cataluña en los próximos 20 años y que fue aprobado con el único apoyo de los consejeros del PSC. Los dos de Iniciativa se negaron a respaldarlo en una tensa reunión por discrepancias en la interconexión eléctrica con Francia. Convergència i Unió ya anunció que piensa reformar este plan, que contiene inversiones de hasta 241.392 millones de euros, si alcanza el poder tras las elecciones, pues lo considera insuficiente.

Pero estas amenazas no han amilanado al Gobierno. Recientemente, el Ejecutivo ha aprobado varias líneas de financiación -entre las que destaca la destinada a ampliar la Fira de Barcelona-, ha reforzado el cumplimiento del acuerdo de competitividad firmado por los agentes sociales y la Generalitat, y finalmente ha dado vía libre al Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales, que permitirá incrementar en 427.000 metros cuadrados la superficie comercial hasta 2009, a pesar del rechazo frontal de CiU.

También tras las elecciones habrá tiempo para un debate de fondo sobre la reforma de la ley de sucesiones y muy especialmente sobre una eventual eliminación de los impuestos en esta área. El Ejecutivo aprobó la reforma, pero el texto no superó el trámite parlamentario. El candidato de CiU, Artur Mas, es partidario de eliminar totalmente (como han hecho ya otras comunidades, entre ellas Madrid) el impuesto de sucesiones, mientras que el consejero de Economía, Antoni Castells, está decidido a reducirlo pero no a suprimirlo.