Maneras de mesa

No hizo falta que se iniciara proceso alguno para que se intentara modificar lo que pomposamente se suele denominar marco jurídico-político de la comunidad autónoma vasca, el conocido como plan Ibarretxe. Tampoco fue necesario proceso alguno para que Cataluña reformara su Estatuto, ni para que otras comunidades autónomas hayan iniciado o estén a punto de consumar la reforma de los suyos. De ahí que no pueda sorprendernos que las fuerzas políticas vascas traten de culminar el proceso de liquidación del terror con un nuevo acuerdo político que siente las bases de la convivencia futura, ni que sea lícito considerar de entrada su puesta en marcha como una claudicación ante el terror etarra. El problema residirá, en todo caso, en los contenidos que vayan a otorgársele, y se centrará sobre todo en el procedimiento que vaya a articularse para alcanzarlo, extremo del que aquí quiero ocuparme.

El 'plan Ibarretxe', rechazado en el Congreso, marca por ello un techo reivindicativo difícilmente superable

Hay dos aspectos que afectan al procedimiento que haya de seguirse para alcanzar ese nuevo acuerdo político. Uno se refiere al método en sí y el otro a la libertad con que éste pueda ser afrontado. Ningún procedimiento para el acuerdo será verdaderamente libre si se halla condicionado por la superación del terror, es decir, si se juzga su validez en función de que pueda ser suficiente para que ETA abandone las armas. Nos hallaríamos en ese caso ante un procedimiento tutelado cuyos resultados sólo cabría interpretarlos como una concesión y una victoria de la banda. Para garantizar la libertad de procedimiento, ETA, a través de su brazo político, que es el que ha de tomar parte en el acuerdo, se debe desvincular previamente de la lucha armada, rechazándola y demandando su final, que en ningún caso ha de depender de la naturaleza de los acuerdos políticos que hayan de tomarse, única forma de que estos no queden determinados por el poder de las armas.

La clave del asunto no reside en que Batasuna esté o no legalizada, sino en que condene o rechace la lucha armada como vía de solución de los problemas políticos de nuestra comunidad. Es la única garantía de que el final del terror sea algo más que una falsa expectativa o un engaño.

En cuanto al procedimiento en sí, la mesa de partidos, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre su conveniencia. Es cierto que tenemos un Parlamento, que es el foro en el que se adoptan las medidas y los acuerdos que rigen nuestra convivencia. Fue en él donde se aprobó, con la participación de Batasuna y con un margen ajustado, el plan Ibarretxe, un proyecto rechazado por el Congreso de los Diputados y que marca por ello un techo reivindicativo difícilmente superable, por más que nuestra clase política muestre una perversa capacidad para el eufemismo y para hacer pasar gato por liebre. Es igualmente cierto que esa mesa para el acuerdo se nos presenta como una imposición de Batasuna, que trataría de ignorar de esa forma nuestras instituciones, negándoles su reconocimiento. Mucho ha tenido que claudicar el universo etarra para que su único logro sea el de imponer una mesa de diálogo cuyos acuerdos tendrán que ser sancionados por un Parlamento que supuestamente rechaza, y que ha sido ya reconocido de facto por Batasuna al haber participado activamente en sus sesiones y deliberaciones, tras años de resistencia que fueron zanjados, como uno de sus efectos positivos no deseados por sus firmantes, por el pacto de Lizarra. Batasuna es una organización muy dada a la retórica, tanto conceptual como formal, y es muy posible que su maximalismo conceptual de última hora (territorialidad y autodeterminación) se deba a una necesidad de contrarrestar el minimalismo de la evidencia: que, con mesa o sin ella, las decisiones últimas le van a corresponder al Parlamento, que habrá de atenerse a sus límites competenciales.

El respeto de las normas democráticas y de nuestras instituciones habría exigido que fueran estas últimas las que tomaran la iniciativa para la elaboración de un nuevo acuerdo, iniciativa que podría haber dado paso posteriormente a una mesa o comisión que se encargara de redactarlo. Las posibles ventajas de una mesa previa a la iniciativa del Parlamento, y que no se erige en alternativa a una sanción última por parte de éste, residen en que puede facilitar una voluntad de acuerdo que vaya más allá del simple juego de mayorías y trate de aunar sensibilidades diversas. Si, como parece, es éste el deseo decidido de nuestros dos partidos mayores, sólo falta que los demás partidos se incorporen al mismo y amasen entre todos ese acuerdo, que sólo podrá obtener su sanción definitiva en el Parlamento vasco y en el Congreso de los Diputados.

No hay retórica, por sangrienta que sea, que pueda eludir esta evidencia.