Las nuevas cámaras de propietarios no podrán usar los ficheros públicos

La Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido a las nuevas asociaciones de propietarios que han puesto en marcha los ex responsables de las extintas cámaras oficiales de la Propiedad Urbana el uso de sus bases informáticas. La resolución, que revisa y corrige un informe anterior, considera públicos los ficheros con los datos bancarios de miles de ciudadanos y prohíbe su uso para el cobro de cuotas. El Gobierno recuerda que ese mismo servicio ya se está prestando de forma gratuita a todos los ciudadanos.

La anterior resolución, firmada el pasado 10 de abril por la jefa del servicio de la Agencia y ratificada por el abogado del Estado, autorizaba el uso de las bases de datos, a efectos bancarios, siempre que existiese una autorización, aunque fuera tácita, de cada uno de los propietarios.

Tras la entrada en vigor el pasado mes de febrero del decreto de liquidación de estas entidades, los miembros de las anteriores juntas de gobierno de las cámaras alavesa y vizcaína constituyeron nuevas asociaciones. Una vez liquidadas las antiguas cámaras oficiales, y asumido su patrimonio por el sector público, su única opción para sobrevivir era seguir cobrando a través del banco las remesas de recibos a unos 240.000 propietarios en Vizcaya y otros 40.000 en Álava. Los recibos tienen un importe de unos seis euros mensuales.

La Agencia de Protección de Datos, que en un primer momento abrió vías para el uso de los ficheros, explica ahora, en una resolución fechada el pasado 1 de agosto, que llegó a aquellas conclusiones tras analizar una información "parcial" que le había remitido quien hizo la consulta, un socio de la Cámara de la Propiedad alavesa.

Autorización tácita

Este segundo informe reconoce que las nuevas asociaciones de propietarios no tienen autorización para usar los ficheros; precisa que la autorización tácita -considerarla por dada si no hay respuesta a una carta de solicitud- no sirve en este caso, y aprecia que las nuevas cámaras podrían haber incumplido la Ley de Protección de Datos de 1999 por no consultar el uso de los ficheros con el Gobierno y, en segundo lugar, por el método elegido para solicitar el consentimiento a todos los asociados.

La resolución complica la situación a las entidades que ya operan en Vizcaya y Álava, al obligarles a devolver los ficheros y empezar de nuevo la búsqueda de asociados.

El Gobierno insertó el pasado martes un anuncio en diversos medios de comunicación en el que resaltaba que no ha autorizado "en ningún momento la cesión de los ficheros de datos personales". Además, especifica que ni este año ni el siguiente va a cobrar cuotas por un servicio que ya presta de manera gratuita a quienes lo deseen.

La comunicación de la Agencia, de ocho folios, deja claro que la propiedad de los datos es pública y que su uso en determinadas condiciones ha de contar con una autorización expresa de la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco.