41 empleados de las antiguas entidades se han incorporado a la Administración

El decreto 15/2006 de 31 de enero, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 21 de febrero, certificó el cese de las funciones y la prestación de los servicios que venían desempeñando las cámaras oficiales de la Propiedad Urbana de las tres provincias, iniciándose el proceso de liquidación abierto por el Gobierno central en 1994.

En los ocho meses transcurridos desde la entrada en vigor del decreto se ha avanzado de forma considerable en la integración del personal que trabajaba en las extintas cámaras. El pasado 2 de octubre se incorporaron a la Administración vasca 30 de estos trabajadores, lo que unido a las 11 personas -sobre todo de la Cámara alavesa- que entraron en 2004 por una sentencia del Superior, eleva a 41 el número de quienes han optado por ese modelo.

Sólo siete personas han preferido acogerse a las indemnizaciones que fijaba el decreto. El resto han seguido trabajando en las nuevas asociaciones impulsadas por los antiguos responsables de las cámaras.

Las funciones que Vivienda desarrolla ahora de forma gratuita en relación con los propietarios e inquilinos son: información en materia de derechos y obligaciones de propietarios, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento, mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que ambas partes lo soliciten, y registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de alquileres.

El último informe de la Agencia de Protección de Datos abre la vía para que el Gobierno pueda denunciar a las nuevas asociaciones por incumplir la ley al cobrar cuotas usando las bases de datos públicas.