La reunión de ministros sobre la vivienda se celebrará en Barcelona en noviembre

La reunión europea de ministros de la Vivienda, que debía celebrarse en Barcelona la próxima semana y que el Gobierno central suspendió por motivos de seguridad, se hará en noviembre en la capital catalana. Lo confirmaron ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. La cumbre se aplaza así hasta después de las elecciones autonómicas. Trujillo matizó que la fecha del encuentro dependerá de que se garanticen las condiciones de seguridad y de que sea compatible con la agenda de los ministros.

Las críticas por la decisión de aplazar la cumbre por temor a una protesta del colectivo okupa se sucedieron a lo largo del día de ayer. La consejera de Interior del Gobierno catalán, la socialista Montserrat Tura, reiteró que la policía autonómica en ningún caso propuso suspender la reunión. Esta versión contradice lo expuesto el día anterior por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tras declararse "absolutamente escandalizada" por la filtración del contenido de la reunión policial en la que se expusieron los riesgos de la cumbre, Tura aseguró que los Mossos d'Esquadra cuentan con el dispositivo necesario para garantizar el normal desarrollo de la reunión. Pese al temor a una manifestación que pudiese derivar en actos violentos, la consejera remarcó que no todos los que protestan por el problema del acceso a la vivienda son violentos, informa Glòria Ayuso.

El delegado del Gobierno insistió igualmente en que la "reunión informal" de ministros de la Unión Europea -prevista inicialmente para los días 16 y 17 de octubre- se celebrará "con todas las garantías de orden y con toda normalidad". También Trujillo abundó sobre la idea de que Barcelona "reúne todos los requisitos" para acoger un acontecimiento de estas características.

Pero las afirmaciones de los responsables políticos del Gobierno central no aplacaron el malestar en diversos sectores, empezando por la policía. El Sindicato Unificado de Policía sostuvo que el aplazamiento respondió a motivos "políticos" y no de seguridad, mientras que el Sindicato de Policías de Cataluña advirtió de que puede generar un "efecto llamada" para los grupos antisistema. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aseguró que la ciudad "no tiene un alcalde acojonado" y dijo que exponer motivos de seguridad para suspender la cumbre "no es serio". Los dos partidos de la oposición en el consistorio, CiU y el PP acordaron por la tarde forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir que se asuman responsabilidades políticas y analizar el informe de la reunión policial.

La polémica se coló también en la precampaña electoral. El líder de CiU, Artur Mas, denunció el "ridículo espantoso" en el que, a su juicio, ha caído la ciudad. Y acusó al PSC de aplazar la cumbre "por miedo a que se convierta en un tema de erosión electoral". Por su parte, el candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, matizó que la decisión responde a un problema "de oportunidad, de calendario político". Esquerra Republicana pretende que el Gobierno aclare el asunto el próximo miércoles, durante la sesión de control en el Congreso.