El Parlamento tarda siete meses en empezar a analizar el régimen presupuestario

La ponencia que debe estudiar la modificación del régimen presupuestario echó ayer a andar en el Parlamento con escaso brio. Abrió las comparecencias el viceconsejero de Economía, Presupuesto y Control Económico, Manuel Urquijo, quien manifestó que el Gobierno está de acuerdo con el sistema ahora en vigor y no impulsará su cambio, según asistentes a la reunión. La ponencia arrancó siete meses después de que la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos decidiera su constitución. Están previstas otras dos reuniones los próximos días 17 y 30.

Los tres partidos que apoyan al Gobierno (PNV, EA y EB) afrontan con desgana una tarea que no lograron en su momento impedir con sus votos en contra. El interés del tripartito por escuchar las opiniones de especialistas en la materia se ha limitado a llamar a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y a su viceconsejero de presupuestos, Manuel Urquijo, quien abrió ayer el trabajo de la ponencia, que se reúne a puerta cerrada. Tampoco la oposición, aunque apoyase en su momento la constitución de este grupo de trabajo, ha planteado un temario detallado ni pedido comparecencias, a excepción del PSE-EE, el promotor de la iniciativa.

Los socialistas han planteado que la ponencia escuche las opiniones, no sólo del viceconsejero Urquijo sino de otras cuatro personas: el director de la Oficina de Control Económico del Gobierno, Javier Losa; la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Maria Asunción Macho; el responsable de la Oficina de Control Presupuestario andaluza, Pedro Escalera, y el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz Huertas, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Estos dos últimos también comparecieron ayer. El Instituto de Estudios Fiscales se dedica a formar, investigar e impulsar núcleos de reflexión sobre las necesidades de la hacienda pública y la sociedad civil. Ayer explicó los distintos modelos existentes en el mundo.

La decisión de montar la ponencia resultó controvertida por la oposición del tripartito. De hecho, los socialistas sólo pudieron sacarla adelante porque la apoyaron el PP y EHAK. El resultado del trabajo es, por tanto, bien incierto, ya que los grupos no han negociado aproximaciones en estos meses transcurridos y parece difícil que se pongan de acuerdo ahora para realizar un dictamen respaldado por la mayoría suficiente como para surtir efectos prácticos. El PP, por ejemplo, llevará los contenidos de sus anteriores propuestas a la Cámara, derrotadas en las dos ocasiones en que lo intentó.

Limitar al Ejecutivo

Los populares quieren fundamentalmente, según rezan aquellas dos proposiciones de ley que ahora trasladarán de nuevo a la ponencia, que se limite la libertad de movimientos del Gobierno en situaciones de prórroga presupuestaria y que se le obligue a presentar anualmente los proyectos de liquidación de las cuentas. Los ejecutivos presididos por Juan José Ibarretxe no las han presentado desde 1999, escudándose en que la ley, aunque establece esa obligación, no le pone plazo para ello. Por lo tanto, el Ejecutivo se defiende afirmando que no hay incumplimiento de la ley y que, en todo caso, se está retrasando en cubrir esa obligación legal.

El PP no quiere que un Ejecutivo incapaz de lograr apoyos para su proyecto de presupuestos y que debe prorrogarlos, pueda luego, por la vía de las modificaciones de créditos, saltarse en la práctica la prórroga, según explica su parlamentario Antón Damborenea, quien cita, a modo de ejemplo, los 500 millones de euros de más que el Gobierno gastó sobre las cuentas de 2004, según el informe del Tribunal de Cuentas relativo a ese ejercicio, el último auditado. "La clave está en que, en situación de prórroga no se puedan modificar no ya los ingresos, sino tampoco los gastos", explicó a este periódico.

El PSE, por su parte, quiere unificar el régimen presupuestario en un único texto, ya que hoy se halla disperso en tres leyes distintas. Propone también eliminar las excepciones introducidas de modo reiterativo cada año en la ley de presupuestos y que se incluyan en todo caso, si son necesarias, en la regulación general.

Los socialistas quieren también que se mejore la planificación y evaluación del gasto y recuerdan que el Gobierno carece aún de un plan contable adaptado al Plan General de Contabilidad Pública y de un plan estratégico de subvenciones, al que está obligado por ley. Igualmente, insisten en que se explicite el gasto territorializado y se incorpore una referencia concreta tanto a las sociedades públicas como a los entes públicos de derecho privado y fundaciones públicas.