El precedente de la Cámara andaluza
El Parlamento andaluz creó en 1995 una oficina de control presupuestario al servicio de los grupos de esa Cámara y que aprovecha, sobre todo, la oposición en su función de control al Ejecutivo. La creación de una oficina de este tipo en el Parlamento vasco es una reclamación que el Gobierno rechaza. El director de la oficina andaluza, Pedro Escalera, explicó ayer su funcionamiento en la nueva ponencia.
La Oficina de Control Presupuestario (OCP) del Parlamento andaluz depende de la secretaría general del Legislativo. Su misión es asesorar técnicamente a los órganos de la Cámara e informar a los grupos parlamentarios y a los integrantes de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre la documentación que genera la aprobación y ejecución de las cuentas. También informa sobre aspectos de la actividad parlamentaria con repercusión en los ingresos y gastos públicos.
La OCP andaluza tiene acceso, en virtud de un convenio suscrito con la Junta en 1997, a los datos contables de estado de ejecución del presupuesto y la situación y movimiento de la tesorería. Ese acceso se le otorgó por considerar que los informes que el Ejecutivo enviaba trimestralmente a la Cámara no pasaban de ser simples resúmenes totalizados por secciones, servicios y capítulos presupuestarios o programas, que no permitían un control todo lo adecuado y preciso que la oposición demandaba.
Los grupos parlamentarios, sus portavoces o los diputados de forma individual pueden solicitar a la OCP todos los datos que precisen. La oficina responde en cinco días a las consultas más sencillas, mientras que el plazo se amplía hasta los 20 días cuando una información no se encuentre contenida en los datos informáticos facilitados por la consejería y se deba recurrir a la Intervención General de la consejería.
Si la información requerida exige una elaboración más complicada de cruce de datos, los propios demandantes deben especificar con claridad las variables y combinaciones que desean y la OCP contesta en dos semanas. La oficina atiende las peticiones por orden de llegada y priorizan las de los portavoces a las de los parlamentarios individuales y las de los grupos que menos peticiones hagan en el periodo de sesiones.
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