Lo que importa

Frente a tanto debate artificioso con nula incidencia en la vida de los ciudadanos, es bueno que los dos grandes partidos nacionales se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso. Esta ley aspira a dar respuesta a un vacío en nuestro Estado de bienestar: la existencia de más de un millón de españoles que no pueden valerse por sí mismos por razones de edad o de invalidez de cualquier orden y carecen de ayuda pública alguna. La ley les garantiza el derecho a recibir asistencia domiciliaria o en instalaciones públicas y contempla la posibilidad de ayudas económicas a los familiares que se ocupan de ellos. Se espera que de aquí al pleno despliegue de la ley, en ocho años, se creen 300.000 nuevos empleos relacionados con ella.

Ese plazo hasta 2015 hace especialmente oportuno el acuerdo alcanzado por los dos partidos con posibilidades de gobernar. Pero sería deseable que en el Senado se intentase incorporar a los nacionalistas que han votado en contra (CiU y PNV, fundamentalmente), que tienen o tuvieron y pueden volver a tener responsabilidades de gobierno en sus comunidades. Lo que la norma garantiza es un nivel mínimo de prestaciones, que las comunidades pueden ampliar con cargo a sus presupuestos. Ello obligará a establecer convenios con cada una de ellas que fijen los criterios del copago de los beneficiarios en función de su renta y patrimonio, el catálogo específico de servicios y la aportación de cada parte a la financiación compartida.

CiU y PNV, así como EA y Nafarroa Bai, han justificado su rechazo con el argumento de que la ley invade competencias exclusivas de las autonomías, lo que niega el Gobierno. Formaciones nacionalistas de izquierda como ERC o el BNG han votado a favor, lo que indica que el asunto admite interpretaciones diferentes. Pero, con independencia del debate jurídico-competencial, sería un error que los partidos que han votado en contra ignorasen que a estas alturas la opinión pública relativiza la cuestión de la titularidad y lo que exige es la mayor eficacia en la prestación del servicio. En España la descentralización del gasto (y especialmente del gasto social) es de las más altas del mundo. En 2004, las comunidades autónomas gestionaron el 49,1% del gasto público total (una vez excluidas las pensiones contributivas y los intereses de la deuda) frente al 31,9% de la Administración central, por lo que no parece que los problemas del Estado de bienestar vengan por ese lado.

Pocas leyes han contado esta legislatura con el respaldo del PP: la de Violencia de Género y la de Tropa y Marinería eran las únicas hasta hace poco. Estos últimos días ha habido acuerdo sobre la Ley de Defensa del Consumidor y ahora la de Dependencia. Indica que sigue existiendo la posibilidad de compartir iniciativas cuando se coloca en primer plano el interés de los ciudadanos y no el de marcar terreno partidista.