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El Tribunal de Cuentas abre diligencias para enjuiciar contratos de Trabajo de la era Zaplana

Un consejero del PP ofrece a varios organismos personarse en la causa como perjudicados

Antonio de la Rosa, consejero de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, propuesto por el PP, ha iniciado "diligencias preliminares" para enjuiciar el posible perjuicio económico causado a las arcas públicas por tres contratos de publicidad celebrados por la cúpula ministerial de Trabajo durante el mandato de Eduardo Zaplana. Esta iniciativa es consecuencia del informe fiscalizador aprobado en 2006 y elaborado por el consejero Ciriaco de Vicente, propuesto por el PSOE. De la Rosa se ha dirigido ya a los distintos organismos de Trabajo que pudieron verse perjudicados económicamente para que, si lo creen pertinente, se sumen al procedimiento abierto en calidad de perjudicados por la cúpula ministerial de dicho ministerio durante la etapa de Zaplana. La actuación del citado consejero se ciñe a tres contratos:

- Contrato de asesoramiento jurídico sobre el Plan de Comunicación Global.

Fue adjudicado por el propio Ministerio de Trabajo sobre un plan de Comunicación para garantizar su legalidad. Fue otorgado cuando ya había concluido. De ahí que el fiscal viera las siguientes anomalías en este caso. "Que en dicha fecha había concluido todo el proceso del convenio y del contrato, con lo que el informe solicitado resultaba inoperante e innecesario.

- Que el ministerio contaba, sin duda, con el trabajo gratuito de los servicios jurídicos del Estado.

- Que la empresa jurídica consultora privada, con fecha 12 de abril de 2004, emitió su informe por el que se abonaron 11.948 euros. El pago de estos honorarios supone un quebranto para el tesoro público, absolutamente prescindible e innecesario".

- Campaña de pensiones de 2004. Contratado por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). La campaña dicho y hecho de Trabajo de 2004 coincidió con la campaña electoral del 14-M, por lo que fue suspendida por la Junta Electoral. A juicio de la fiscalía, tal solapamiento era previsible y evitable. "Era evidente la coincidencia entre los días de desarrollo de la contratación publicitaria y la prohibición de la misma los días 20 a 25 de enero. Sin embargo, el trabajo contratado por la empresa adjudicataria, Over Márketing, para los días de coincidencia debió abonarse, como así se hizo con el consiguiente quebranto del tesoro público como consecuencia de la ligereza con que actuó la Administración. El reembolso de la cantidad ha de ser corregido inmediatamente mediante enjuiciamiento por alcance en base a una indiciaria responsabilidad contable". La Abogacía del Estado iba más lejos y consideraba que todo el contrato fue injustificado, por tanto, debería reintegrarse su monto global, 7,2 millones de euros.

- Campaña contra el fraude en la Seguridad Social de 2002. Lo contrató la Tesorería General de la Seguridad Social. Al separar la creatividad del plan de medios, se realizó un irregular fraccionamiento del contrato, lo que ya sería ilegal, pero, además, fue imposible su coordinación y, por tanto, su ejecución. "En consecuencia, la Administración debió abonar a la empresa adjudicataria de creatividad 480.810 euros por el inútil trabajo desarrollado y, además, debió abonar el gasto de publicidad del segundo que después se declaró desierto por un valor de 11.236 euros. Es decir, que las arcas del Tesoro sufrieron un perjuicio de 492.046 euros".

En estos tres contratos presuntamente constitutivos de alcance, según coincidían el informe, el fiscal y la Abogacía del Estado, se han centrado las diligencias preliminares de De la Rosa, que ha ofrecido a los distintos organismos concernidos personarse en el procedimiento con vistas a una posible demanda por el supuesto perjuicio, lo que ya han hecho algunos. Igualmente, se ha ofrecido sumarse a dichas diligencias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que, igualmente, ya se ha personado en alguno de estos tres casos. Tras la personación, los siguientes pasos serían el nombramiento del delegado instructor, que fijaría la cuantía inicial del daño económico y luego la presentación de las eventuales demandas por los tres perjudicados y por la fiscalía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de octubre de 2006