Nace un nuevo derecho social

Un paso adelante, también visto desde una silla de ruedas. Javier Romañach, de 43 años, lleva 15 sobre una y ayer sintió por primera vez que en el palacio del Congreso se hablaba de él. Desde la tribuna de invitados escuchaba a los parlamentarios debatir un proyecto de ley de nombre largo (Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) y fines claros: crear el derecho de las personas que no se valen por sí mismas (1,1 millones, sobre todo mayores de 65 años) a recibir atención pública, si bien abonarán parte del coste. Será el "cuarto pilar del Estado del Bienestar", según el Gobierno. Para Romañach, miembro de la plataforma de grandes discapacitados Foro de Vida Independiente, será "el principio del resto del camino". La aplicación de la norma será gradual hasta que, en 2015, alcance la velocidad de crucero.

La ley, que previsiblemente sufrirá cambios en el Senado, crea una red coordinada de servicios (públicos y concertados) para atender a las personas dependientes, incluidos los niños menores de tres años con gran discapacidad. Será el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, cuyo nombre ha perdido el calificativo "nacional" para disgusto del PP. Tanto, que esta "depuración lingüística", en palabras de su diputada María Salom, motivó que los populares se abstuvieran en la decena de puntos donde antes constó el adjetivo. Tras dos horas y media de debate, el grueso del texto quedó aprobado con 295 votos a favor. Se registraron 15 votos en contra de quienes consideran que la norma invade competencias autonómicas y cuyas enmiendas no prosperaron (

Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai). Se produjo una abstención, por error, de una diputada popular.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que la ley conferirá a "millones de ciudadanos" "el derecho de ser atendidos por las administraciones públicas" cuando dejen de valerse y aliviará a las familias. Agradeció las aportaciones para mejorar "una ley de todos". "La clave maestra es la garantía de un mínimo estándar de igualdad en la atención sin que suponga una merma de las competencias autonómicas", dijo. También afirmó que la financiación sera "suficiente y estable".

Sus argumentos no convencieron a Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, ni a Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, que insistieron en que la norma vulnera las competencias de las comunidades. En la misma línea, Emilio Olavarria, del PNV, lamentó que se cree "un derecho fantasmagórico" y "la falta de coraje para haberlo convertido en un derecho de Seguridad Social".

Con el telón de fondo de la política catalana, las intervenciones ganaron dureza cuando llegó el turno de CiU. Carles Campuzano afirmó que la ley "no es justa ni equitativa" y "excluye a la mayoría de clase media". "Se están generando expectativas que no se van a cumplir". Vaticinó que la norma "acabará en el Tribunal Constitucional". Desde ERC, Joan Tardà, afirmó que el rechazo de CiU se debía a que el portavoz de este grupo, Josep Antoni Duran, había querido hacerse "una foto exclusiva" con el ministro de Trabajo. El diputado aludido lo negó.

"¿Es que no tiene el mismo derecho a ser atendido un gallego que un murciano o un catalán?", planteó la diputada socialista Isabel López Chamosa en su defensa de la futura ley. Por el PP, la diputada Salom mostró "apoyo crítico" a la norma que el PP ha contribuido "a mejorar". "El Gobierno no se merecía el acuerdo, pero las personas dependientes y sus familias, sí", explicó. Desde IU-ICV, Carme Garcia, elogió la norma, "aunque no sea perfecta", y su encaje constitucional. Román Rodríguez, de Coalición Canaria, pidió que se garantice la financiación. Olaia Fernández, del BNG, mostró su apoyo a una norma "mejorada".

Tras la votación, aplausos. En la tribuna de invitados, satisfacción de Romañach y otros representantes de las personas con discapacidad. Y también el deseo de que la norma mejore en el Senado.