Apertura del juicio oral contra funcionarios y la constructora del 'caso Gomérez'

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura del juicio oral por el caso Gomérez, en el que murió el obrero ecuatoriano Guillermo Estalin que trabajaba en condiciones de irregularidad administrativa en las obras del derribo de la cuesta Gomérez, en Granada, el 21 de diciembre de 2004. En el auto, contra el que no cabe recurso, el juez no realiza ningún pronunciamiento sobre la situación personal de los nueve imputados "ya que durante la instrucción de la causa no se ha adoptado ninguna medida cautelar de carácter penal". El fiscal, en su escrito de acusación, solicitó la pena de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para tres funcionarios municipales por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, así como para el resto de acusados, en total nueve personas, a los que atribuye la comisión de estos u otros delitos, entre ellos, contra el derecho de los trabajadores.

En concreto, los acusados son el número dos de Urbanismo, Manuel Lorente; el arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura, Jorge Moreno Monchón, y el arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2005, Jacobo de la Rosa Herrera.

Penas de prisión

Para F.J.P.G., trabajador de Alsa, empresa para la que trabajaba el fallecido, el fiscal solicita tres años de cárcel y una multa de 2.880 euros por dos delitos contra el derecho de los trabajadores. Así, el representante legal de la empresa, A.S.S., se enfrenta a una petición de seis años de prisión y cuatro de inhabilitación, además, de una multa de 4.320 euros al considerarlo la Fiscalía autor de los cuatro delitos señalados.

Asimismo, para los representantes de la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez, S.R.C. y M.R.C., la fiscal pide tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación por homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, al igual que para la arquitecta técnico encargada de la prevención de riesgos laborales, M.P.G.G., así como a la representante legal y administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones S.L., L.D.M.

La Fiscalía solicitó además que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en 100.000 euros para la pareja de hecho de Guillermo Estalin, 200.000 euros para cada uno de los cuatro hijos de éste, y en 30.000 euros a su madre.

El instructor considera que el caso pone de manifiesto que la subcontratación "sigue siendo el gran mal del daño a la salud y a la vida de los trabajadores", aunque, en su opinión, al último subcontratista de la cadena "poco se le puede exigir ante los precios ajustados con los que se encuentra".

La obra donde se produjo el accidente fue adjudicada a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada por 38.000 euros. Posteriormente, ésta la subcontrató con Construcciones Hermanos Rodríguez, que a su vez la cedió a Obras Alsa.