¿Dónde están los empleadores?

Hasta ahora, la sociedad española ha percibido la presencia de los trabajadores inmigrantes como necesaria y útil para ambas sociedades, la de acogida y la de origen. Esta percepción está cambiando sobre todo porque la inmigración, en estos momentos, parece fuera del control administrativo e institucional. Ninguna de las tres administraciones: central, autonómica y local, saben exactamente lo que tienen que hacer, excepto tirarse mutuamente los trastos a la cabeza. Los partidos políticos todavía no identifican el asunto como una tarea de Estado. Los sindicatos capean el temporal reivindicando igualdad de derechos y obligaciones. La UE se reúne sólo para discutir y contradecirse.

Los grandes ausentes en este debate son, precisamente, los más beneficiados por lo que está ocurriendo, es decir, los "empleadores" de la más diversa laya y condición. En España, casi el 23% del PIB procede de la economía sumergida, se ha tolerado la contratación fraudulenta de trabajadores autóctonos y foráneos, como práctica habitual en pequeñas y medianas empresas de la construcción, la hostelería, el comercio y la agricultura, para hacerlas competitivas; y también en el trabajo doméstico, para facilitar la incorporación de la mujer nacional al mercado laboral. Esta oportunidad para el empleo ilegal se ha convertido en el gran efecto llamada, durante muchos años, y en el reclamo determinante para el crecimiento de la inmigración irregular.

La Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria, con la ayuda de los agentes sociales (patronal-sindicatos) y de los propios trabajadores afectados, deberían identificar a estos falsos "empresarios" defraudadores y sancionarles, dar a conocer sus actividades, imponerles limitaciones en la contratación pública, que asumieran los costes de retorno del trabajador inmigrante, incluso reclamarles responsabilidad penal cuando sea necesario. Sólo cuando controlemos sus actividades tendremos una de las herramientas más necesarias para gobernar la inmigración.