El PP exige al Gobierno que deje de contratar al ex presidente de Quality

El Partido Popular de Cádiz reprochó ayer al Gobierno que haya adjudicado un nuevo contrato público del Ministerio del Interior -el catering de la cárcel de El Dueso- una sociedad del ex propietario de Quality Food, Manuel García Gallardo, pese a conocer que al empresario le constan diversas querellas de la abogacía del Estado por sus negocios e irregularidades en la Zona Franca gaditana.

El consejero del PP en el recinto fiscal Ignacio Romaní mostró su "indignación" tras conocer que la empresa Brássica, de García Gallardo, se ha hecho con el servicio de catering de la cárcel de El Dueso (Cantabria). Para Romaní, "esto demuestra la connivencia entre el empresario y el PSOE, que siempre ha realizado maniobras curiosas para defenderlo".

Según el consejero popular, los socialistas no han defendido con suficiente vehemencia los intereses de la Zona Franca frente a las aspiraciones del empresario. Actualmente continúa abierto un proceso judicial para determinar el valor real de Quality Food en el momento en que el recinto fiscal se hizo con la mayoría del accionariado. La primera sentencia del juzgado de lo mercantil, que ha sido recurrida por la Zona Franca, otorga a la empresa un precio superior al pagado por el consorcio que, de ratificarse el fallo, tendría que abonar unos 12 millones de euros a Manuel García Gallardo y su familia. Romaní considera que el recurso presentado ante la sentencia es insuficiente. Cree que el caso debía haberse presentado en un juzgado penal y acusa a los socialistas de haber mostrado demasiada tibieza con el empresario.

La adjudicación de contratos a Brássica -nuevo nombre de la empresa Vega la Apreciada, a la que también le habían sido adjudicados contratos de Interior y Defensa- supondría, según la tesis del PP, una muestra más de la condescendencia que muestra el PSOE con el empresario.

Romaní exigió explicaciones al diputado socialista Rafael Román, quien en abril anunció que daría aviso a los ministerios que habían adjudicado servicios a García Gallardo para que adoptaran medidas que impidieran nuevos contratos.

La Zona Franca se hizo con la mayoría del accionariado de Quality Food con Miguel Osuna como delegado. Su etapa al frente del recinto fiscal ha sido cuestionada por un informe del Tribunal de Cuentas, que ha señalado algunas irregularidades en su gestión. La Zona Franca presentó ayer alegaciones a este informe, aunque, según explicó el actual delegado, el socialista José de Mier, "se trata sólo de matizaciones que seguramente no cambien el sentido de las conclusiones del informe".