El Gobierno ultima un pacto sobre la alternativa a la clase de religión

El Gobierno ultima un acuerdo con la Iglesia católica sobre la asignatura alternativa que estudiarán los alumnos que no deseen cursar Religión. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y una delegación de Conferencia Episcopal encabezada por su vicepresidente, Antonio Cañizares, se reunieron ayer para ultimar este tema, que se dejó abierto en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en abril, por lo que ha de concretarse en un real decreto. Educación e Iglesia no quisieron ayer revelar lo que se está negociando.

Sin embargo, una de las opciones que baraja el Ministerio de Educación es que los alumnos puedan elegir entre cursar una materia alternativa o tener libre esa hora, informan fuentes cercanas al Gobierno. La Iglesia, por su parte, quiere decidir también qué estudiarán aquellos alumnos que rechacen su asignatura: propone contenidos de ética y valores o alguna otra actividad formativa con peso académico. Ante la distancia entre las propuestas que se barajan, todo apunta a que la alternativa a la clase de Religión puede seguir como hasta ahora, un sistema en vigor desde 1990: una oferta heterogénea que, dependiendo de la comunidad autónoma, va desde el tiempo de estudio o de refuerzo de lectura hasta clases de informática. Estas alternativas no son evaluables y, por lo tanto, no cuentan para nota media. Tampoco lo será, según ha reiterado el Gobierno, la Religión.

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo de los profesores de Religión también se trataron ayer. Sin embargo, el margen de negociación que deja la LOE es estrecho, ya que regula el régimen laboral de estos docentes, que se ajustará al estatuto de los trabajadores, por lo que la Iglesia tendrá que respetar esta normativa cuando quiera rescindir sus contratos. Como hasta ahora, los obispos elegirán a estos docentes y las comunidades autónomas se harán cargo de sus contratos y de pagar sus sueldos.

El otro gran frente que el Gobierno tenía abierto con la Iglesia, el de la financiación, llegó ayer al Congreso. Gaspar Llamazares, líder de IU, y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, se enzarzaron a cuenta de la interpretación de qué significa el concepto de autofinanciación de la Iglesia del que habla el Gobierno. Para Llamazares, lo que se ha pactado no puede ser entendido como autofinanciación, puesto que ahora se retira más dinero de la recaudación del IRPF, o sea público, para las arcas de los obispos.

El líder de IU recordó que el PSOE, por boca de Álvaro Cuesta, líder de los laicos de este partido, había anunciado que desaparecería la cuota del IRPF y se darían exenciones fiscales a los católicos para que financiaran a la Iglesia de su bolsillo al margen del IRPF. "Pero con la Iglesia hemos topado", ironizó. De la Vega insistió en que el acuerdo "avanza hacia la autofinanciación" porque vincula los ingresos de la Iglesia "a la voluntariedad de los ciudadanos".