La Cámara de Representantes aprueba la ley sobre los interrogatorios de presos

La Cámara de Representantes aprobó ayer la ley para interrogar y procesar a los sospechosos de terrorismo. La CIA tendrá límites más claros que antes sobre las técnicas usadas en los interrogatorios, y se acepta la hegemonía de la Convención de Ginebra, pero no para los testimonios obtenidos antes del 30 de diciembre de 2005, cuando el Congreso aprobó la ley antitortura. Los procesados tendrán juicios con más garantías, pero sin acceso a las pruebas que se consideren secretas y otros derechos. El Senado debatía anoche un proyecto similar y se daba por segura su aprobación, con lo que el presidente Bush podrá firmar la ley en las próximas horas.

El Tribunal Supremo falló el 29 de junio que las Comisiones Militares creadas para juzgar a los detenidos de Guantánamo no se ajustaban ni a las normas militares de EEUU ni a la Constitución, y pidió al Gobierno que negociara con el Congreso una ley. La Casa Blanca lanzó una propuesta que no se diferenciaba demasiado de lo que antes existía, y un grupo de republicanos del Senado, liderados por John McCain, se rebeló y amenazó con bloquear la ley. Tras dos semanas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. En la Cámara, la ley consiguió el apoyo de 253 congresistas: todos los republicanos excepto siete, y 34 demócratas; hubo 168 votos en contra. En el Senado se esperaba también mayoría.

Tribunales militares

La ley aprobada establece un sistema de tribunales militares para los sospechosos de terrorismo a medio camino entre las antiguas Comisiones y los tribunales normales, pero los acusados seguirán sin tener acceso a las pruebas presentadas contra ellos. La ley asume la Convención de Ginebra, pero da al Gobierno margen de maniobra a la hora de interpretarla. Se elimina la validez de los testimonios obtenidos con técnicas que impliquen "tratos crueles o inhumanos", pero a partir de diciembre de 2005; la excepción tiene como objetivo proteger a los interrogadores de la CIA de la supuesta vaguedad de los criterios anteriores a esa fecha en la que el Congreso, de la mano de McCain, prohibió todo tipo de tortura. "Nos enfrentamos a un enemigo con el que estamos en guerra, no con acusados dentro del sistema de justicia", justificó Duncan Hunter, que preside el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara.

¿Resistirá la nueva ley la prueba del Supremo? No, aseguraron varios demócratas. "No deberíamos aprobar algo apresuradamente y sin la certeza de que no volverá a ser anulado", señaló Ike Skelton, del mismo Comité. Y Jim Moran dijo: "Todos queremos juzgar a los terroristas, pero si redefinimos qué es tortura, si metemos a la gente en cárceles secretas y si usamos pruebas a las que no tienen acceso los acusados, lo que haremos será estimular a nuestros enemigos".