Los socialistas logran el respaldo del PP en el Congreso a la Ley de Dependencia

Acuerdo pese a las discrepancias. El Partido Popular y el PSOE alcanzaron ayer un pacto que garantiza un amplio respaldo al proyecto de Ley de Dependencia, que está previsto votar el jueves en el pleno del Congreso. El acuerdo se alcanzó después de que se concretaran aspectos de financiación (con copago por los usuarios incluido) y la atención a los menores de tres años. ERC, IV, BNG, CC y CHA también apoyan el proyecto. En cambio, CiU y PNV se oponen porque, en su opinión, vulnera las competencias autonómicas. EA y Nafarroa Bai no se pronunciaron.

"Queremos que esta ley, presentada como una ley de izquierdas, sea una ley de todos. No sé si el Gobierno se lo merecía, pero las personas dependientes, sí", afirmó ayer Miguel Barrachina, uno de los dos ponentes del PP para el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (Ley de Dependencia). Poco antes había quedado aprobado el dictamen de la ponencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.

Está previsto que la ley se vote en el Pleno del Congreso el jueves, para pasar luego al Senado. El Gobierno pretende que la norma, que establecerá el derecho de las personas que no se valen por sí mismas a recibir atención pública, entre en vigor en enero. Su aplicación será gradual, y comenzará por "los grandes dependientes, seguidos de los moderados y los leves", explicó la portavoz del PSOE, Marisol Pérez, quien presentó el acuerdo a la prensa junto a la portavoz de IV, Carme García, y el de ERC, Joan Tardá. En total, un 3% de la población podrá beneficiarse de la norma cuando se implante totalmente.

El PP había presentado "143 enmiendas a una ley con 47 artículos", señaló Barrachina. "Se nos han aceptado 55 de forma total o parcial". La secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, y Barrachina destacaron entre los cambios "el establecimiento de un sistema de financiación con criterios de objetivos". La ley será cofinanciada por el Gobierno central y comunidades autónomas a partes iguales, más la aportación de los beneficiarios en función de su renta y patrimonio.

También se aclaran los mecanismos de acceso de las personas con discapacidad psíquica y de los menores de tres años. "No es un proyecto perfecto, pero se acerca más a lo que queremos", dijo Pastor, para quien el modelo debe ser el de la sanidad pública, con derecho universal, un Consejo Interterritorial en el que el Gobierno no tenga mayoría, una cartera de servicios mínimos pactada e incluso un Fondo de Cohesión que pague la atención a desplazados.

El PP no ha logrado otros objetivos, como la gratuidad de la atención a las personas con gran dependencia, aunque éstas tendrán preferencia para recibir cuidados. Junto a la ley contra la violencia de género, ésta es la única ley social acordada por el PSOE y el PP esta legislatura.

PNV y CiU no criticaron tanto el fondo de la ley (que se atienda a las personas dependientes) como su engranaje legal. La atención social es "competencia exclusiva de las comunidades", dijo el portavoz de CiU, Carles Campuzano, por lo que la ley "es inconstitucional". Campuzano admitió que su partido no podía, de momento, recurrirla porque no tiene 50 diputados en las Cortes y el Parlamento catalán está disuelto. Aparte de la invasión de competencias, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, criticó que la atención "no es universal [el acceso depende de unos baremos], pública [los servicios se contratarán con instituciones privadas], ni gratuita [habrá copago]".