El juez imputa al alcalde y dos ediles del PP de Alicante por prevaricación

El juez ha imputado al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, dos ediles de su equipo de gobierno (Sonia Castedo, de Urbanismo, y Luis Concepción, de Tráfico), un técnico municipal y a la promotora Ortiz e Hijos por cinco delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, derivados de la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la mencionada sociedad, del contratista Enrique Ortiz. Ésta es la segunda imputación de Díaz Alperi, en el cargo desde 1994. El regidor está acusado en el desfalco de seis millones de euros en Mercalicante.

La imputación de Díaz Alperi se produce en vísperas de su nominación como candidato a la alcaldía de la ciudad. Alperi, afín al jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, restó ayer importancia a la denuncia de la Fiscalía: "La investigación demostrará que no hay delito", dijo.

El magistrado admite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció trato de favor en la adjudicación. El ministerio público considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto de 2.268.060 euros. Los trabajos de los tres aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por 14,8 millones y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el empresario presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto del presupuesto, que elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de ejecución, que aumentaba en siete años y diez meses. Los técnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificación, extremo que llevó a Díaz Alperi a trasladar el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe de negociado, Antonio Escobedo, avaló la propuesta. En su denuncia, el fiscal sostiene que hubo un "concierto previo entre el alcalde y los dos concejales con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario".

El magistrado abre diligencias previas para "averiguar si la realidad de los hechos" es constitutiva de delito, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Antes de la comparecencia en el juzgado de los imputados -el alcalde ha sido citado para el próximo 15 de diciembre-, el juez interrogará a cuatro testigos.

El empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules del C.F, ha sido beneficiado con múltiples adjudicaciones urbanísticas por parte del Consistorio, entre ellas el plan Rabassa, el programa más ambicioso de Alicante, que prevé 15.000 viviendas.