Una juez indaga si hay delito ecológico en la ampliación del puerto de Mutriku

Un juzgado de Eibar ha abierto una investigación por un posible delito contra el medio ambiente en las obras de ampliación del puerto de Mutriku, iniciadas hace casi dos años. La juez ha llamado a declarar como imputadas a las dos constructoras que acometen los trabajos y ha pedido al Departamento de Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental, que según los denunciantes no existe sobre el proyecto global.

La ampliación del puerto de Mutriku se inició en noviembre de 2005, con la extensión del dique exterior, que se alzará 17 metros sobre el nivel del mar y alcanzará 434 metros de longitud. Este proyecto viene de la anterior legislatura, cuando el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana solicitó la construcción de un dique de protección, que al fin se transformó en un puerto mercantil, cuya primera fase es la construcción del dique exterior.

El Gobierno ha defendido este proyecto para acabar con la peligrosidad del acceso a Mutriku. "Estamos abriendo oportunidades de negocio para el futuro", señaló en abril en el Parlamento la consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu. La titular de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, ha afirmado que cumple con todas las normativas medioambientales.

Pero en el municipio ha surgido una fuerte reacción social, que se ha traducido en la presentación, en agosto, de una querella en los tribunales por parte de la plataforma Hobetu Leike, en la que acusa a las dos constructoras que acometen las obras de carecer de la preceptiva evaluación de impacto ambiental. La denuncia señala que sólo existe declaración de impacto en el proyecto de mejora de acceso al puerto y no en las otras actuaciones, como la alteración de la playa, los rellenos, la ampliación del dique y las instalaciones para albergar un planta de energía eléctrica por olas.

Informe oficial de 1999

El colectivo ciudadano afirma que el Gobierno admitió, en la declaración de impacto elaborada en julio de 2004, que "no se han analizado efectos ambientales concretos derivados de acciones detalladas del resto de proyectos implicados". La denuncia agrega que el Departamento de Medio Ambiente elaboró, en junio de 1999, un informe preliminar sobre la ampliación del puerto de Mutriku, que detectaba afecciones diversas tanto al propio puerto como a la playa y los acantilados. "Supone una transformación tal que se asemeja más a actuaciones de nueva implantación en la costa", expresaba el informe oficial. En el mismo, se advertía de la necesidad de acometer una evaluación de impacto ambiental global.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eibar considera, en un auto dictado el pasado día 7, que los hechos relatados en la querella "presentan los caracteres de un delito contra el medio ambiente". La juez abre las diligencias previas y considera imputados a las empresas Construcciones Mariezcurrena y Urazca Construcciones, a las que ha llamado a declarar el próximo 5 de octubre. Ambas deben presentar los permisos y licencias sobre las obras en el puerto de Mutriku.

Además, ha pedido a la consejería de Industria la documentación sobre estas dos compañías y a Medio Ambiente, que aporte "en su integridad" las evaluaciones y declaraciones de impacto "de la totalidad de las obras" que se están acometiendo en el puerto. La consejería de Esther Larrañaga debe aportar también la documentación en su poder sobre las dos constructoras.

La juez ha pedido asimismo al servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil in informe "sobre la puesta en peligro que para los ecosistemas haya supuesto o supongan las labores denunciadas".

El auto judicial traslada al fiscal la petición de la plataforma Hobetu Leike sobre la paralización inmediata de las obras para que decida. Este colectivo considera que las obras incumplen el principal requisito en actuaciones con posibles afeccciones, como es una declaración de impacto ambiental. "Nos encontramos ante varios proyectos que bajo una falacia de declaración se están ejecutando", señalan. A su juicio, tanto las constructoras como la administración "en ningún caso" han elaborado una declaración de impacto positivo sobre las obras que se están acometiendo en Mutriku.