A los seis meses

Transcurrido medio año desde el inicio del alto el fuego permanente de ETA, es esa permanencia la que parece estar en el aire, pese al optimismo del Gobierno, que considera que la decisión de abandono de las armas es irreversible. Las noticias contradictorias de los últimos días son un reflejo de las ambigüedades de un proceso que parte de interpretaciones diferentes de su significado: proceso pactado de paz, para el Gobierno; de cambio del marco político, para ETA y Batasuna.

Como ilustra el caso irlandés, una cierta ambigüedad suele ser componente inevitable del arranque de este tipo de iniciativas; pero a medida que se ha ido acercando el momento de adoptar decisiones comprometidas, los equívocos han quedado al descubierto. A fin de evitar vacíos peligrosos, el Gobierno ha tratado de acelerar un acuerdo con ETA que oficializara el carácter irreversible de su abandono de la violencia, paso previo para cualquier otro movimiento, según la resolución del Congreso; pero ETA ha interpretado esa voluntad como un intento de atrasar indefinidamente la negociación política (la Mesa de partidos), y ambas cosas han llevado a un aparente bloqueo.

Al mismo tiempo, Batasuna, al parecer presionada por unas bases que se habían creído al pie de la letra el discurso triunfalista de sus líderes, parece haber dado marcha atrás en su disposición a presentar unos nuevos estatutos, de acuerdo con la Ley de Partidos, para recobrar la legalidad. En las últimas semanas, ambas cuestiones, la exigencia de ETA sobre la mesa de partidos y la de la legalización, han convergido en una: Batasuna plantea que se reúna ya (o se acuerde reunir) una mesa "sin exclusiones", es decir, con su presencia en ella: sería una forma de legalización de hecho a través de su reconocimiento como interlocutor aceptado por los demás partidos. La convocatoria de ese foro sin la previa comprobación de que la retirada de ETA es definitiva sería el trofeo de Batasuna ante sus bases: la demostración de que había quebrado la lógica de la resolución del Congreso e impuesto su concepción del proceso.

Batasuna lleva semanas transmitiendo (en sus contactos con otros partidos y en declaraciones públicas) dos mensajes: que ellos ya han cumplido al conseguir el alto el fuego permanente, mientras que la otra parte se ha instalado en el inmovilismo: ni fin de las detenciones, ni paralización de los juicios, ni legalización, ni mesa de partidos; y que si esto no cambia, ETA podría replantearse el alto el fuego. Aparte de que son dos mensajes contradictorios, es falso que el Gobierno y el PSOE no hayan realizado concesiones: Zapatero dio por verificado el alto el fuego pese a las cartas de extorsión, y aceptó respetar la decisión de los vascos, si bien en el marco de la legalidad; y Patxi López se entrevistó con Otegi, a modo de reconocimiento de una Batasuna ilegal como interlocutor necesario.

La amenaza del último comunicado de ETA y la negativa de Batasuna a seguir la vía de la Ley de partidos suponen un paso atrás respecto a lo que parecía establecido: que una Batasuna refundada y respetuosa con las reglas de juego asumía todo el protagonismo político (en la linea del discurso de Otegi en Anoeta), y que ETA se limitaba a pactar los términos de su retirada.

No puede haber una negociación política tutelada por una banda armada, y de ahí que en los últimos días se haya planteado la cuestión de si en estas condiciones (en pleno rebrote de la violencia callejera) era posible mantener el encuentro con ETA anunciado por Zapatero. La posición del Gobierno parece ser la de que el propio encuentro permitirá clarificar la posición de ETA y desbloquear el proceso. Y ello porque cree contar con datos de que ETA no tiene alternativa al abandono pactado de las armas, y de que la decisión de no volver a matar ya está tomada, aunque no la de su autodisolución. Sólo el tiempo demostrará el fundamento de esa convicción, aunque es cierto que sectores nacionalistas llevan meses sosteniendo lo mismo y añadiendo que una decisión rupturista de ETA no sería hoy seguida sin rechistar (como en el pasado) por una Batasuna que se vería condenada a la ilegalidad permanente. Sea o no así, es cierto que en estos seis meses no ha habido atentados personales y tampoco contra bienes de empresarios sometidos a extorsión, como los registrados en vísperas del alto el fuego. Y que cada día que pasa sin atentados es más improbable su regreso, una vez que se ha instalado en la sociedad vasca la idea de que el ciclo de la violencia ha terminado.

Para deslegitimar las pretensiones impositivas que todavía separan el alto el fuego de la disolución de ETA es decisivo ahora el papel del nacionalismo democrático. El PNV de Imaz viene manteniendo que primero es la paz y luego la negociación política, y que el acuerdo que resulte tendrá que ser inclusivo de la pluralidad vasca. Postura bien diferente de la defendida hace dos días por Ibarretxe en el debate sobre política general: volvió a mezclar confusamente paz con aceptación de su programa soberanista y a plantear extrañas propuestas que eximan a Batasuna de acatar la legalidad como los demás partidos.