Álava defenderá rebajar en 8,5 puntos las aportaciones forales al Ejecutivo

El PP fijó ayer en 8,5 puntos la rebaja necesaria en la aportación de las diputaciones al Gobierno para que los ejecutivos forales dejen de endeudarse y puedan hacer frente al aumento del gasto en bienestar social, del que son responsables. Ésta será la postura que defenderá la Diputación alavesa, gobernada por los populares, que ya demandó una reducción de 8 puntos en la negociación de la anterior Ley de Aportaciones en 2002.

La Diputación de Álava no está sola en su planteamiento en esta ocasión. También las de Guipúzcoa y Vizcaya, en manos del PNV, han explicitado, aunque sin precisar números, la reclamación de que la Ley de Aportaciones tenga en cuenta el aumento del gasto que las instituciones forales.

Dicha norma debe renegociarse este año, ya que tiene una vigencia de cinco y la última data de 2002. La Diputación alavesa defendió ya entonces una rebaja de ocho puntos en la aportación de las haciendas forales al Gobierno, cifrada en el 70,44% de los impuestos concertados, mientras a los ejecutivos forales les queda el 29,56% de lo que recaudan. Tanto el diputado general guipuzcoano, Joxe Joan González de Txabarri, como su diputado de Hacienda, Juan José Mujika, se han pronunciado públicamente en favor de una revisión al alza de los recursos que deben gestionar las diputaciones.

El PP, que hasta este año defendía en solitario esta posición, aumentó ayer en medio punto su cálculo de las necesidades para paliar el endeudamiento creciente de las diputaciones, y lo cifró en 8,5 puntos, lo que supondría dejar las aportaciones forales al Gobierno en un 62%. Ésa era la cifra que rigió desde 1997 hasta 2002, fecha en que subió al 70% actual con la integración de la financiación de la sanidad y de la Ertzaintza. Ese aumento resultaría crucial para que los ayuntamientos y las diputaciones pudieran hacer frente a la exigencia creciente de gasto que sus competencias les exigen, fundamentalmente las que provienen de nuevos servicios reclamados por el envejecimiento de la población.

En una jornada sobre fiscalidad celebrada ayer en Vitoria, el candidato a diputado general por Álava y miembro del actual Gobierno foral, Javier de Andrés, denunció el "importante retraso" que acumula en esta ocasión la renegociación de esa ley fundamental en el reparto de recursos y que condiciona la elaboración de los presupuestos de Gobierno y diputaciones. De Andrés expresó su temor de que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, tenga la tentación de proceder a una prórroga de la ley de vigor, para no abrir una polémica entre instituciones y en el seno del propio PNV, dada la posición de los responsables de ese partido en las otras dos diputaciones.

Deuda y recursos

El candidato alavés del PP subrayó que el Gobierno ha bajado su deuda de 1.800 a 932 millones, del 69% al 47%, mientras la de las tres diputaciones ha subido del 36% al 52%. Esta disponibilidad financiera, lo mismo que su intervención en competencias que no le son propias, agregó, le resulta posible al Ejecutivo porque "está sobrefinanciado".

En el acto de los populares estuvieron presentes también los candidatos por Guipúzcoa, Regina Otaola, y por Vizcaya, Carlos Olazabal. Éste rechazó la actual norma, porque, a su juicio, deja sin medios a ayuntamientos y diputaciones, mientras el Gobierno goza de superávit y reduce su deuda. "Las instituciones locales y forales aumentan su gasto por las nuevas necesidades de atención social y no tienen dinero para financiarlas", explicó. Olazabal sostuvo que el propio Gobierno sabe que "el modelo no vale".

Regina Otaola recordó el estudio en el que la Diputación guipuzcoana, en manos de la coalición PNV-EA, realizó su propio diagnóstico, con el que se mostró de acuerdo. "Pero no aborda el tratamiento", criticó. Otaola resaltó como un absurdo que las diputaciones envíen al Gobierno un dinero que luego tiene que volver para financiar planes interinstitucionales. También recordó el estudio de Eudel que cifró en 116 millones el coste de los servicios no obligatorios que prestan los ayuntamientos sin contar con la financiación precisa.