El Gobierno abre la puerta a que la sanidad pública costee el cambio de sexo

Cuatro años después de que se completaran las transferencias sanitarias, el Ministerio de Sanidad ha cerrado la lista de los servicios que deben ofrecer todas las comunidades autónomas. El catálogo es el de 1995 con el añadido de algunas prestaciones que ya se ofrecen en todas las autonomías, como el PET (diagnóstico por imagen). Además, en la nueva redacción se eliminan las restricciones a que la sanidad pública pague la reasignación de sexo de los transexuales. Hasta ayer se excluían estas operaciones expresamente, salvo en casos de "intersexualidad patológica".

La modificación en lo que se refiere al cambio de sexo no quiere decir que, de momento, se vaya a incluir el proceso en la lista de prestaciones comunes, explicó la ministra de Sanidad, Elena Salgado. Simplemente se prepara la lista por si, tras la aprobación de la ley de Identidad de Género, que regulará el cambio de papeles de los transexuales, el Gobierno decide que hay que financiar con dinero público el costoso proceso (entre 18.000 y 30.000 euros dependiendo si el paso es de hombre a mujer o a la inversa). La norma que permitirá que los transexuales modifiquen su nombre y sexo en el Registro Civil está previsto que se apruebe en este periodo de sesiones.

La cartera de servicios ha sido acordada con las comunidades autónomas, dijo Salgado, y es una de "las más completas del mundo". Excluye innovaciones, como la píldora del día siguiente. Prácticamente no añade prestaciones nuevas. Lo que se hace es, por primera vez desde 1995, enumerarlas y aclararlas, con algunas incorporaciones y un nuevo criterio.

Entre las novedades hay una especial atención a la Salud Pública. Hace 11 años, este campo no tenía la importancia que se le presta ahora, indicó Salgado. También hay procedimientos habituales, como la anestesia epidural en los partos o el tratamiento de la obesidad mórbida. Entre las aclaraciones están las patologías para las que se utilizan productos dietéticos, las condiciones del transporte sanitario y se hace un mayor énfasis en atención a la mujer y a los menores, cuidados paliativos o enfermos crónicos.

Pero que una prestación no está en la lista no quiere decir que un Gobierno autonómico no pueda facilitarla. Cada consejería de Sanidad decide si sufraga lo que cree conveniente (nunca menos que lo de la lista), pero debe encontrar los fondos necesarios sin acudir al Gobierno central.

Por eso, al cerrar la lista no sólo se "mejora la cohesión y vertebración del Sistema Nacional de Salud", como dice Sanidad. Lo que se está concretando es el mínimo que tienen que recibir los ciudadanos y, sobre todo, el máximo que el Gobierno central financia con los fondos que transfiere a las comunidades autónomas para Sanidad. Llegar a este mínimo común era un paso indispensable antes de empezar a negociar nuevas prestaciones. El mecanismo para incorporar servicios también se fija en el real decreto. Para ello, las comunidades aportarán sus experiencias con cada nueva prestación al Consejo Interterritorial, que estudiará si debe extenderse. Una vez fijado su coste, la propuesta se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se encargará de aumentar las partidas que se transfieren. También cabe la posibilidad de que la nueva técnica suponga un ahorro, en cuyo caso se podrían reducir las transferencias.