El PSE demanda un nuevo Pacto Escolar para afrontar el reto de la inmigración

La escuela pública reclama un reparto más equilibrado de los alumnos extranjeros

El PSE demandó ayer un nuevo Pacto Escolar, similar al que en 1992 sentó las bases del actual sistema educativo vasco, para hacer frente a los nuevos desafíos que tiene por delante el mundo de la enseñanza, en especial el de la inmigración. Cómo preparar al sistema educativo para recibir a los extranjeros y cómo repartirlos de una forma más equilibrada entre los centros sostenidos con fondos públicos (entre los que se incluyen los de la red concertada) para no crear guetos son los principales retos a los que debería dar respuesta ese pacto, según los socialistas.

El secretario general del PSE, Patxi López, reiteró ayer la necesidad de alcanzar ese acuerdo durante la jornada que bajo el título Inmigración e inclusión en la escuela organizó su partido en Bilbao y que reunió a prestigiosos especialistas y a los principales agentes del sistema educativo de Euskadi. López destacó que el futuro de la enseñanza dependerá "en buena medida" de cómo se aborde la integración escolar de los alumnos inmigrantes.

El Pacto Escolar suscrito en 1992 cuando el socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, era consejero de Educación cerró muchos contenciosos y despejó el horizonte al sistema de enseñanza. Ese pacto pivotó sobre tres cuestiones fundamentalmente: el equilibrio de las dos redes (pública y privada) en el reparto de alumnos, la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la puesta en marcha del sistema de tres modelos lingüísticos, el actualmente en vigor. Ahora, es "necesario" otro acuerdo y no sobre las mismas cuestiones, que ya están superadas, señaló la responsable en materia educativa del PSE, Isabel Celaá. "Es fundamental hablar de inmigración", zanjó.

Los socialistas tienen los conceptos muy claros en esta materia: aquel centro que integra a inmigrantes necesita más recursos que cualquier otro. Si un centro concertado recibe fondos públicos y tiene vocación de integrar en la misma proporción que la escuela pública también debe contar con los mismos apoyos. Con la Ley Orgánica de Educación (LOE), en este momento todos los centros sostenidos con dinero público deben reservar un 10% de su matrícula para posibles entradas de inmigrantes. "Una integración en debidas condiciones debe tener en cuenta un reparto equilibrado entre las dos redes porque educar en la integración y en la cohesión es un desafío para la educación", precisó Celaá.

Imparable crecimiento

A la espera de conocer los datos oficiales sobre la presencia de inmigrantes en los colegios vascos en el curso recién iniciado, que se ofrecerán en noviembre, pues muchos llegan fuera del plazo de matriculación, los correspondientes al curso 2005-06 reflejan que el 4,8% de los alumnos de la red vasca son de origen inmigrante. El crecimiento en los últimos años ha sido espectacular: un 121% entre el curso 2002-03 y el pasado. En torno al 70% proceden de países sudamericanos y el resto de África, Europa del Este y Asia. El principal foco de conflicto procede del hecho de que el 68% está matriculado en la red pública y el 32% en la privada, lo que representa una desproporción teniendo en cuenta el peso de cada red en el conjunto de toda la matriculación de alumnos en Euskadi: 51% en la privada y 48% en la pública.

Por ello, el consejero de Educación, Tontxu Campos, se ha planteado como objetivo para este nuevo curso "equilibrar estas cifras" y acercarse a los parámetros de Guipúzcoa, donde los datos muestran que el 60% de inmigrantes está inscrito en la red pública y el 40% restante en la privada. El mayor desequilibrio se da en Álava, donde un 80% de los extranjeros cursan estudios en colegios públicos.

Al final de la jornada, el PSE, los representantes de la escuela pública, (padres y directores de colegios) y la Federación de Ikastolas consensuaron una serie de conclusiones. Entre ellas figura que todos los centros con financiación pública deben colaborar en la matriculación de inmigrantes con criterios de igualdad y de acuerdo con su cuota de matriculación. De la misma forma, todos deben recibir los mismos medios humanos y materiales a la hora de afrontar este proceso de escolarización.

Mientras no se haga efectivo ese reparto, abogan por movilizar los recursos que sean necesarios hacia los centros con más inmigrantes, fundamentalmente ampliando la plantilla de profesorado e incentivando el proyecto educativo que haya puesto en marcha el colegio.

De izquierda a derecha, Aitor Bilbao (representante de los colegios religiosos); Sira Ayarza (que intervino en nombre de los directores de la red pública); Ana Eizagirre (moderadora); Imanol Igeregi (representante de las <i>ikastolas</i> privadas) e Imanol Zubizarreta (de los padres de la escuela pública), durante el debate de ayer.
De izquierda a derecha, Aitor Bilbao (representante de los colegios religiosos); Sira Ayarza (que intervino en nombre de los directores de la red pública); Ana Eizagirre (moderadora); Imanol Igeregi (representante de las <i>ikastolas</i> privadas) e Imanol Zubizarreta (de los padres de la escuela pública), durante el debate de ayer.F. D. A.

Medidas drásticas

¿Cómo se puede reequilibrar la situación en la matriculación de inmigrantes? "Pues con medidas drásticas. La Administración se compromete a financiar al centro concertado todo el coste de la enseñanza del alumno, pero después el colegio no puede cobrar absolutamente nada". Ésta es una de las recetas que el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid y ex secretario de Estado de Educación con Felipe González, Álvaro Marchesi, ofreció ayer en el marco de la jornada de inmigración organizada por el PSE.

Y es que a pesar de que todos los centros concertados reciben dinero para que la educación sea gratuita, después cobran a los alumnos otra cuota por medio de otras vías, como las asociaciones de padres. De esta forma, disuaden a estos alumnos de matricularse y van a parar en muchos casos a la red pública. Marchesi acepta que haya centros que tendrán más inmigrantes que otros (por su ubicación territorial), pero el resto debe asumir su parte. "El riesgo de que se produzca una fractura social es muy importante y la escuela está ahí para impedirlo. Si no se aborda a tiempo el problema, después será mucho más difícil de resolver".

Junto a la gratuidad, Marchesi propuso reforzar el apoyo social a las escuelas con más inmigración y una "orientación activa" de la Administración hacia los centros a la hora de establecer sus propios planes.

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