La Subdelegación del Gobierno dicta la expulsión de los tres polizones

La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya dictará de forma inmediata la orden de expulsión definitiva de los tres inmigrantes subsaharianos que el pasado 22 de agosto fueron hallados en el barco Agiasma en el Puerto de Santurzi. El juez de Madrid que el 31 de agosto permitió el desembarco de los polizones por razones humanitarias dictó el martes un auto en el que "corrige" aquellas medidas cautelarísimas, según la Subdelegación.

Un portavoz de la Subdelegación calificó de "circo mediático" y de "acoso y derribo" y la campaña que desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi se ha "escenificado" para situar como "único responsable" del caso al subdelegado, Miguel Ángel Fernández. Para la Subdelegación, ha sido la CEAR la que ha abocado a un "callejón sin salida" a los tres polizones subsaharianos, debido a la actuación "negligente" de dicha ONG y de la abogada de oficio de los jóvenes.

En este sentido, precisó que su expulsión es consecuencia del auto dictado el martes por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, por el que retira las medidas cautelarísimas decretadas el 31 de agosto, cuando ordenó el desembarco de los tres polizones "atendiendo a razones de salud". El juez, según indica la Subdelegación, considera que "no había riesgo para la salud" de los inmigrantes, como se alegó en su día, y ha comprobado que las afirmaciones de la CEAR temiendo por la vida de los jóvenes (en huelga de hambre) "no sólo eran exageradas sino que eran infundadas". Interpreta la Subdelegación que el juez "le da un tirón de orejas" a la ONG en su auto "por su pobre argumentación en el escrito" y entiende que "que no existe ninguna razón humanitaria" para las medidas cautelares. Así, "queda inhabilitada" la petición de entrada en el país y "sólo queda la posibilidad de expulsar".

La CEAR, por su parte, advirtió en un comunicado a la Subdelegación de que no puede proceder a la expulsión directa de los polizones, ya que cualquier medida de este tipo que afecte a extranjeros extracomunitarios debe adoptarse tras el correspondiente expediente sancionador. "Hasta el presente momento ni siquiera ha sido iniciado" por parte de Subdelegación, asegura.

Añade que hay "jurisprudencia firme, constante y reiterada" que impide iniciar este tipo de expediente una vez se haya admitido a trámite una solicitud de permiso de residencia, cursada por la abogada de oficio de los polizones por circunstancias excepcionales de índole humanitaria. Desde la Subdelegación aseguran que tal admisión a trámite no es sino el registro de entrada de la petición y acusan a la CEAR de "intoxicadora con los medios" y "manipuladora en los datos".