Sindicatos y Ejecutivo basan su acuerdo sobre el euskera en la voluntariedad

El acuerdo de colaboración de los sindicatos mayoritarios con el Gobierno para fomentar el uso del euskera en las empresas tiene ya forma definitiva y en él las centrales se comprometen a implicarse "de manera activa" para reforzar la presencia del idioma en el mundo laboral, siempre desde el punto de partida de la voluntariedad.

La parte dispositiva ya ha sido aceptada por ambas partes: el Gobierno y las cuatro centrales más representativas (ELA, CCOO, LAB y UGT). Los últimos retoques, aún en curso en estos días, los han planteado los sindicatos nacionalistas por una referencia al Estatuto de Gernika que figura en la introducción y que tanto LAB como ahora ELA rechazan.

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, admite que el euskera se encuentra en una situación de desigualdad, en cuya corrección debe participar también el mundo laboral, para dar continuidad útil a los esfuerzos centrados hasta ahora en la enseñanza.

El texto es prácticamente gemelo del suscrito la semana pasada por el Gobierno con las patronales y hace de la libertad de participación su pilar básico. "Libre decisión de las empresas y libre participación de las personas que las integran y de sus representantes", proclama.

Gobierno y sindicatos, que firmarán el texto en breve, dejan sentado que voluntariedad, progresividad y consenso serán la base de todas las actuaciones.

Las acciones se programarán prácticamente a la carta. Las empresas y sindicatos representados en ellas que lo deseen podrán poner en marcha, con asesoramiento y ayuda técnica y económica del Ejecutivo, sus propios planes de euskera, teniendo en cuenta sus objetivos, el porcentaje de bilingües que existan en ellas, su tipo de actividad y hasta su clientela. Será en todo caso un trabajo progresivo y gradual, basado, dice el texto del borrador, "en las posibilidades efectivas" y los ritmos que requiera cada firma.

Colaboración

El marco de colaboración establece que Gobierno y centrales intercambiarán información para el diagnóstico y posibilidades de la política idiomática, lo que compete al Ejecutivo, a través de la Viceconsejería de Política Lingüística. Será también el Gabinete el que deberá informar sobre las oportunidades y estrategias existentes, proporcionará las herramientas y cubrirá las necesidades de formación, a través de material informático, glosarios o módulos de información. El asesoramiento se ofrecerá de manera individualizada a cada central y éstas lo difundirán a sus representantes en las compañías.

El texto fija la redacción de planes anuales de actuación y la formación de una comisión de seguimiento bilateral, paralela a la que compondrá el Gobierno con las patronales, que celebrará al menos una reunión anual.