Más luz sobre Bush

Poco a poco, cinco años después del atentado, se va haciendo la luz sobre las perversas actuaciones de la Administración de Bush tras el 11-S. A la admisión por el presidente de que Estados Unidos mantiene cárceles secretas fuera de su territorio para los sospechosos de terrorismo, y de que se aplican en ocasiones métodos de interrogación algo "duros", se ha sumado la confirmación en un extenso informe del Comité de Inteligencia del Senado, cuyo núcleo es una apreciación interna de la CIA, de que no hubo vínculos entre el régimen de Sadam Husein y Al Qaeda. Queda vacía así la tesis que usaron los neoconservadores prácticamente al día siguiente del 11-S para lograr imponer su insensata agenda de invadir Irak, a resultas de lo cual hoy Al Qaeda sí está instalada en la antigua Mesopotamia.

La opinión pública americana ha vivido en un engaño del que se ha resistido a salir. ¿Lo hará ahora? La ocasión se presentará en las elecciones de noviembre, en las que se renuevan la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Si los republicanos pierden el control de una sola Cámara, los demócratas podrán abrir comisiones de investigación para aclarar las grandes mentiras y abusos de esta Administración.

Bush ha hecho público, además, que 14 personas han sido transferidas desde esas prisiones en el extranjero al campo de Guantánamo, coincidiendo con la sentencia del Supremo que viene a exigir que a los detenidos se les apliquen las convenciones de Ginebra sobre la guerra. La gravedad de estas revelaciones, ahora ya oficiales, no ha impedido que el presidente insista en que el Gobierno de Washington ha actuado dentro de la ley, como si se tratase de una banal cláusula de estilo.

Bush no sólo no muestra propósito de enmienda respecto a sus excesos tras el 11-S, sino que intenta presentarlos como un ejemplo de eficacia en la obtención de información y en la prevención del terrorismo, cuyo fantasma ha vuelto a agitar ante sus conciudadanos al hablar de un país permanentemente en guerra.

El paso siguiente tras reconocer la existencia de cárceles secretas es que se llegue a desvelar dónde se encuentran, lo que podría colocar en difícil situación a países aliados de EE UU, algunos con credenciales democráticas. A la luz de esta revelación, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa deberían reabrir sus investigaciones sobre los vuelos secretos de la CIA y las cárceles donde supuestamente se ha torturado a algunos de estos detenidos, mientras prosigue en varios países, incluida España, la investigación judicial a este respecto. A diferencia de lo que parece pensar la Casa Blanca, se trata de combatir las prácticas aberrantes con la ley, no de modificar la ley para que las prácticas aberrantes se conviertan en normales.