Inmigración: ayudar a Canarias

Era de prever que el África subsahariana no quedaría fuera de los potentes movimientos de población que han tenido lugar estos últimos años y que estos movimientos se dirigirían hacia Canarias y las costas del Mediterráneo. Tanto el Gobierno español como las autoridades canarias reaccionan ante estos miles de seres humanos que llegan, a veces descalzos, sedientos, hambrientos, invocando piedad y solidaridad, con humanidad y con mucha frecuencia respetando el derecho a los primeros auxilios. No estoy seguro de que algunos Gobiernos europeos, siempre dispuestos a dar lecciones sobre derechos humanos, harían lo que hoy están haciendo las autoridades españolas. Y todo observador serio sólo puede escandalizarse ante la actitud irresponsable de algunos políticos que tratan de atribuir al Gobierno la responsabilidad de esta desgracia de causas mundiales y lejanas.

Estos emigrantes salen principalmente de Senegal y de Mauritania. Entre ellos hay menores y mujeres. Todo esto genera una fuerte presencia de ilegales en el territorio nacional, a la vez que dificulta la eficacia del apoyo jurídico a los emigrantes. Las autoridades españolas parece que "tienen la situación controlada", como destaca un informe reciente del Parlamento europeo. Los campos de retención están bien gestionados y bien mantenidos, aunque algunas instalaciones estén deterioradas y saturadas. En cambio, el recibimiento a las ONG deja aún mucho que desear.

El Gobierno actúa en dos ámbitos: la acción diplomática en dirección a la UE y la voluntad de implicar a los países africanos de origen o de paso para controlar estos flujos. A finales del mes de mayo, la UE propuso a España 15 medidas "de choque" para hacer frente a la llegada de emigrantes a Canarias. Pero no ha sido sino muy recientemente cuando han empezado a ponerse en práctica estas medidas, en particular el dispositivo "Hera II", dedicado a reforzar las redes de control marítimo. Paralelamente, la Unión Europea ha anunciado también una serie de iniciativas de mayor alcance para "reforzar la solidaridad entre los Estados miembros y la lucha contra la inmigración ilegal". En particular, figura entre ellas una propuesta para establecer "un código comunitario sobre los visados de corta duración" que haría más racional, más segura y más transparente la concesión de visados para estancias de corta duración y de tránsito dentro de la Unión. Se trata de una medida que va en la dirección correcta, puesto que es indispensable que el sistema de visados europeos sea más coherente. Pero no es suficiente. La propuesta es confusa y no especifica las condiciones cualitativas y cuantitativas de la concesión de visados: ¿para quién?, ¿para hacer qué?, ¿por cuánto tiempo? Entramos en el núcleo del problema. Volveré a ello.

Respecto a los países africanos, la diplomacia española ha entendido perfectamente que con estos países que hasta ahora no podían hacer oír su voz y que ahora tienen los medios para negociar su colaboración, más vale entablar una estrategia de complicidad que mantener una actitud estéril de amenazas y de represalias, como la adoptada por Aznar y Blair en la conferencia de Sevilla en el año 2002. La relación es pues claramente de compromiso y de acuerdo y es, evidentemente, la más eficaz. Se han producido o están previstas una serie de visitas de los responsables del Gobierno de las que se esperan frutos en cuanto a la readmisión de los ilegales, el tratamiento común de la cuestión de los menores y la puesta en marcha de dispositivos comunes de gestión de las fronteras marítimas.

¿Serán suficientes todas estas medidas para contener la emigración subsahariana? En realidad, ésta seguirá existiendo al menos por tres razones esenciales. De entrada, es la expresión de un despertar estructural de la emigración subsahariana, que ha sido contenida estos últimos 15 años y que ahora ha explotado. Además, estos países en general están desbordados por los movimientos migratorios en el interior del África subsahariana y no quieren, por mil razones legítimas, convertirse ellos mismos en países de inmigración. Finalmente, el grado real de su colaboración deja mucho que desear, puesto que la ayuda que se les proporciona es difícil de controlar y puede servir para otros fines.El problema de fondo sigue planteado: es el de la demanda migratoria que viene de toda el África subsahariana. Es a esto a lo que hay que responder. Ahora bien, está claro que el Gobierno español no puede ofrecer él solo una solución, aunque esté condenado a gestionar, en primera línea, las incoherencias y la impotencia de la UE. ¿Qué se puede hacer para actuar profundamente sobre las causas de estas migraciones? De entrada, hay que intentar comprender su contenido sociológico: ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen? A continuación, ¿no ha llegado el momento de admitir que es anormal que se ofrezca la libertad de circulación a los ciudadanos de Europa del Este mientras que en el sur la barrera es cada vez más alta? ¿No ha llegado el momento de pensar en un tratamiento más equitativo de los flujos migratorios? Desde luego, no es realista abrir las fronteras, pero la cuestión de los visados para los subsaharianos se debería repensar por completo. Se sabe que los visados para un periodo de corta duración se conceden de forma opaca y que, con frecuencia, son vulnerados por los beneficiarios. De hecho, pueden servir para favorecer la inmigración de las clases medias (los que pueden pagarlos u obtenerlos corrompiendo a funcionarios poco honestos). Ante esto, la Unión debería reflexionar sobre la puesta en marcha de mecanismos de control democráticos para concederlos (ya sé que está previsto, pero de una manera muy ambigua) y, principalmente, sobre cómo incrementar su número para los trabajadores no cualificados y los jóvenes que buscan formación, aunque sólo fuera para legalizar en el origen los flujos que, de todas maneras, tienden a desarrollarse.

Esto se podría hacer por ejemplo instaurando "contratos de emigración temporal" que afectarían tanto a los menores con la perspectiva de formarse como a los trabajadores en el marco del empleo temporal. Hay que abrir oficinas en las regiones y los países de salida para tratar las demandas de emigración, como hicieron algunos países de la Unión en los países del Este en los noventa. En realidad, hay que convertir la misma cuestión de las migraciones en un vector al servicio del futuro desarrollo de los países subsaharianos. Se podrían establecer con estos países grandes planes comunes de gestión de los flujos de población, de los que podrían también sacar ventajas económicas. La Unión debería tomarse en serio este problema, y no cerrar los ojos a la espera de que el desarrollo lejano e incierto de estos países "acabe" mecánicamente con las migraciones. Es la única manera de ser creíble ante los Estados de origen. Y sería en todo caso una señal importante de esperanza para los candidatos a la emigración, la esperanza de que un día puedan emigrar legalmente en lugar de cruzar desiertos y mares con el riesgo de morir.

Sami Naïr es profesor invitado en la Universidad Carlos III. Su último libro es Y vendrán... Las migraciones en tiempos hostiles (Bronce, 2006). Traducción de Martí Sampons.