La oposición boliviana se moviliza contra el Gobierno de Morales

El golpe de timón dado por el presidente boliviano, Evo Morales, en la Asamblea Constituyente, que permitirá aprobar una nueva Ley Fundamental únicamente con los votos de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ha agudizado las divisiones territoriales. La oposición habla de "autogolpe" y los gobernadores de las provincias autonomistas, las más prósperas del país, se reunirán hoy para convocar una huelga en sus territorios.

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija -la llamada "media luna", con mayor riqueza y menor población indígena- se han rebelado contra el proyecto de Morales, que incluye la introducción de formas de Gobierno y de administración de la justicia anteriores a la llegada de los españoles. "Debe quedar claro que vamos a defender el estado de Derecho y la democracia, los cambios deben darse en paz", advirtió Rubén Costas, prefecto (gobernador) de la provincia de Santa Cruz, quien proclamó en febrero del año pasado la autonomía de la región, un hecho más simbólico que otra cosa, pero que ahora ve cómo esa autonomía peligra si sale adelante el modelo del primer presidente indígena del país. Para Costas, el cambio de reglas acaecido en el Parlamento de Sucre "es una agresión, una muestra de soberbia y un alarde de impunidad".

El pasado viernes, en una tormentosa sesión, el MAS cambió unilateralmente el reglamento en la Asamblea Constituyente, de forma que el articulado de la nueva Carta Magna pueda ser aprobado con los votos del partido oficialista, en lugar de con dos tercios de la asamblea, como estaba estipulado.

Los principales partidos de oposición (Podemos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Nacional), han acusado a Morales de preparar un "autogolpe de Estado".

Al bloque opositor se han unido las regiones orientales. A la reunión de hoy está previsto que acudan, además de los prefectos, parlamentarios, representantes en la Asamblea Constituyente y dirigentes de los movimientos cívicos presentes en las cuatro provincias, y que forman la base de la oposición autonomista.

Los autonomistas consideran que la cuestión quedó solucionada en el referéndum del 2 de julio, y que ahora la Asamblea Constituyente debe reconocer este derecho. El problema estriba en que en aquella votación la opción autonómica venció en cada una de esas provincias pero perdió en el computo global de votos en todo el país.