Se buscan aliados (fijos o eventuales)

La política catalana seguirá siendo determinante en el curso que se inicia estos días con la convocatoria de las elecciones en que se elegirá al sucesor de Maragall, a las que seguirán el referéndum del Estatuto andaluz, sin fecha todavía, y los comicios locales y autonómicos en 13 comunidades, en mayo de 2007. A partir de entonces quedará menos de un año para las generales.

Hace un año, el curso se iniciaba con la expectativa de la aprobación en el Parlamento catalán del anteproyecto de nuevo Estatuto, y de los efectos que la tramitación de ese texto en las Cortes tendría para la política de alianzas del Gobierno. Eran días en que su principal aliado, ERC, multiplicaba sus advertencias en el sentido de que el Gobierno tendría los días contados si no daba satisfacción a sus demandas, incluyendo el compromiso de no modificar en las Cortes el anteproyecto de Estatuto. El desenlace fue que Zapatero pactó con CiU, primero, un Estatuto muy nacionalista, y luego, su recorte; y que ERC acabó votando en contra del texto definitivo. Uno de los efectos de ese giro fue que CiU (y también el PNV) acabó votando los Presupuestos para 2006.

Artur Mas ya advirtió entonces que su apoyo no significaba un compromiso permanente; que no podría ser socio fijo mientras siguiera siendo partido de oposición en Cataluña. Los aliados fijos del Gobierno, ERC e IU, han ido tomando distancias e incluso han anunciado su voto en contra de leyes que, como la de la Memoria Histórica, nacieron a impulso suyo. Izquierda Unida ha adelantado su rechazo de la proyectada reforma fiscal y condicionado la continuidad de su apoyo a que Zapatero no pacte con los nacionalismos conservadores. Pero el hipotético relevo por CiU (más PNV y Coalición Canaria) como socio prioritario está pendiente de las elecciones catalanas del 1 de noviembre.

Y en ellas puede pasar que ni PSC ni CiU alcancen la mayoría absoluta, lo que convertiría de nuevo a Esquerra en árbitro de la situación. El candidato Montilla ha descartado que pueda reeditarse el tripartito en las mismas condiciones en que se gestó el actual, pero no sería la primera vez que la cosa se ve de manera diferente a posteriori. Maragall ha escrito estos días que tenía la impresión de haber sido sacrificado en aras de un pacto de gobernabilidad PSOE-CiU en Madrid. Pero si así fuera, alguna responsabilidad habría tenido el propio Maragall por impulsar un proyecto de Estatuto como el que pronto hará un año fue presentado en las Cortes, y que fue el catalizador -junto a actitudes de ERC que irritaron bastante- de un fuerte retroceso de los socialistas en las encuestas.

La recuperación se produjo sobre todo con el anuncio del alto el fuego de ETA, que es el otro gran asunto de la temporada. Las actitudes del mundo de Batasuna y los comunicados de ETA han enfriado el optimismo de marzo, pero cada día que pasa sin atentados es más improbable el regreso del terrorismo. Es sabido que en ese mundo, a menos atentados, más comunicados y también mayor virulencia verbal. La expectativa de desaparición de ETA está provocando en el País Vasco movimientos de recolocación y cambios de alianzas. Pero la hipótesis de que, desaparecida ETA, sería posible una alianza de izquierda (incluyendo a los sucesores de Batasuna) capaz de acabar con la hegemonía del PNV se ha desvanecido. Entre otras cosas, porque para forjar un consenso en torno a un Estatuto reformado será necesario que el PNV se decante definitivamente por el autonomismo, tras las aventuras soberanistas de Lizarra y el plan Ibarretxe.

El PP ha hecho de ese asunto un motivo central de enfrentamiento con el Gobierno, pero hay una cierta contradicción en acusar al Gobierno de entreguismo invocando como prueba las amenazas de ETA y Batasuna si persiste el inmovilismo de los socialistas sobre los asuntos fundamentales. En todo caso, la gestión del tiempo, clave en procesos de este tipo, requeriría un entendimiento entre los dos grandes partidos. En materia territorial, el PP se plantea incluir en su programa una reforma constitucional que contrapese la tendencia a convertir en "residual" -en expresión de Maragall- al Estado en determinadas autonomías. Es una propuesta que puede conectar con preocupaciones reales de una parte de la población, pero para prosperar requeriría (como la reforma del Senado y las demás planteadas en su programa por el PSOE) del consenso entre los dos partidos mayoritarios; y ese consenso, de una oposición capaz de modular su indignación y de distinguir entre desacuerdos y traiciones.

Por ejemplo, en relación con el envío de tropas a Líbano, ¿qué sentido tiene acusar al Gobierno de haber enviado sin permiso del Parlamento a los 24 militares que han ido estos días para estudiar el terreno del futuro despliegue? Por no hablar de los mensajes tremendistas sobre la inmigración irregular, ignorando tanto que se trata de una consecuencia difícilmente evitable de la globalización, como el papel que a pesar de todo está teniendo ese fenómeno en el crecimiento de la economía española desde comienzos del siglo XXI.