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Editorial:

La fuerza necesaria

El Gobierno dio ayer uno de sus pasos más importantes en materia exterior al solicitar la autorización del Congreso para mandar un contingente de hasta 1.100 soldados a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL). Se trata probablemente de la misión de mayor riesgo que afronta el Ejército español desde la participación en la guerra de Irak en 2003. A diferencia de aquella, no es producto de una invasión ilegal, sino que es una operación de mantenimiento de la paz, acordada por el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo bandera de ésta, con una clara dirección europea y con el acuerdo de las partes en conflicto. Su legitimidad es indudable. Su peligro, también, pues tiene que transformar un precario alto el fuego en una situación que conduzca a la paz.

Líbano, Israel y la comunidad internacional han pedido a Europa solidaridad, y eso es lo que se va a brindar militar y financieramente. El comisario europeo responsable de la inmigración, Franco Frattini, ha establecido un paralelismo entre la solidaridad que se pide a los países de la UE con Líbano y la que España solicita al resto de la Unión para luchar contra el flujo migratorio ilegal.

Otros intereses españoles están en juego, pues los conflictos de Oriente Próximo contaminan políticamente el conjunto del Mediterráneo.

La fuerza española en la FINUL tiene que ir con los medios necesarios no sólo para cumplir su misión, sino para defenderse a sí misma y liderar la brigada en la que se integrarán fuerzas belgas, polacas, finlandesas y portuguesas. El Gobierno no debe escatimar medios, sino mantener una posición flexible: mandar lo necesario. Resulta demasiado estricta la exigencia autoimpuesta de no superar los 3.000 efectivos desplegados en operaciones en el extranjero, techo que se fija y se cambia en Consejo de Ministros. Parece como si al Gobierno le hubiera hecho mella la crítica de que un pacifista como Zapatero vaya a tener más tropas desplegadas en el exterior que sus predecesores. El máximo se alcanzó en septiembre de 2003, con presencia en los Balcanes, Afganistán e Irak. El Parlamento debe autorizar una fuerza con todo lo necesario, incluyendo los buques logísticos y de defensa, con lo que esa cifra se superará fácilmente.

La actitud alarmista del Partido Popular ha sido absurda e incoherente. El PP, como todos los partidos y la ciudadanía, tienen el derecho de exigir al Gobierno la máxima información posible sobre capacidades, riesgos, reglas de enfrentamiento y la visión estratégica de esta operación, y el Ejecutivo, el deber de darlas. Forma parte también de sus obligaciones y de su papel como partido de oposición, que queda seriamente averiado cuando se deja llevar por el afán de dañar al Gobierno a toda costa, hasta llegar a la ceguera política o incluso a lesionar sus propios intereses. Afortunadamente, el PP ha empezado a desandar este camino, impropio del primer grupo de la oposición, por lo que cabe confiar en su aportación a una visión constructiva de esta misión militar en el debate del próximo jueves.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de septiembre de 2006